Uno de los mitos más antiguos y creídos sobre Cataluña es la leyenda que atribuye a ese lugar, a diferencia de lo que ocurriría en el resto de los territorios de la península, la existencia —y ya desde muy antiguo— de una amplia y poderosa sociedad civil, lo que dotaría de forma y contenido preciso a uno de los rasgos esenciales de sus señas de identidad propias. Recuerdo que, con Franco todavía vivito y coleando en el Pardo, a mí ya me explicaron el famoso cuento los maestros de mi colegio, en Barcelona.
Huelga decir que ese asunto, el de la célebre sociedad civil, no es más que otra de las muchas trolas culturales e historiográficas fabricadas por los ideólogos del catalanismo cuando, a finales del XIX, se pusieron manos a la obra para dotar de contenido doctrinal a su moto. Y es que, bien al contrario, si algo no existe en absoluto en Cataluña, ese algo es precisamente una sociedad civil entendida en su significado genuino, esto es, como una trama de cuerpos intermedios que articulen a la comunidad de forma autónoma e independiente frente al poder institucional. Por supuesto, eso tampoco existe, ni ha existido nunca, en el resto de España. Pero, al menos, fuera de Cataluña nadie se llama a engaño sobre tal particular.
Bien, pues resulta que en el minúsculo país dotado de una enorme sociedad civil se va a celebrar una votación interna entre los miembros de su segundo mayor partido político, ERC, con el propósito de avalar o no la investidura presidencial de Salvador Illa. Y a tal fin el censo estará formado por unos 8.300 afiliados. Si se tiene en cuenta lo habitual, o sea, que aproximadamente una cuarta parte de los militantes teóricos resulten ser eso, teóricos, el futuro de la gobernabilidad de Cataluña, demarcación con un PIB que el último ejercicio sobrepasó los 255.000 millones de euros, va a restar en manos de apenas 6.000 cotizantes con las cuotas mensuales en regla. La leyenda, sí, era una broma. Y pesada.
