Han pasado cinco años de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado separatista (del 14 de octubre de 2019) y los condenados no llegaron a cumplir ni un tercio de la condena. Encarcelados a finales de 2017, fueron puestos en libertad en junio de 2021 tras un periplo carcelario plagado de privilegios y excepciones, con un régimen de visitas y de salidas incompatible hasta con la más laxa interpretación de la ejecución de una pena.
La sentencia del Supremo anticipaba el trato de favor que ya estaban recibiendo los presos y que se agudizaría una vez perdida la condición de preventivos. Los magistrados cambiaron rebelión por sedición a fin de rebajar las penas y hasta hubo uno que dijo que la asonada había sido en realidad una ensoñación. Sí, una ensoñación como los cinco días de violencia extrema en Cataluña organizados por el independentismo como respuesta a la sentencia.
Mientras ardían las calles de Barcelona, ningún líder independentista condenó la violencia, sino todo lo contrario. El beato Junqueras se abstuvo de llamar a la calma y la contención. Tampoco los Jordis, que iban de tremendos pacifistas, mostraron su contrariedad con la destrucción como réplica a la sentencia. Instalados cómodamente en la cárcel de Lledoners, el Gran Hotel Lledoners en realidad, los Rull y Turull asistían complacidos a la toma del aeropuerto o al intento de asalto de la Jefatura Superior de Policía en la llamada "batalla de Urquinaona".
Ni el apoyo decidido a la violencia ni la ausencia jactanciosa de arrepentimiento fue obstáculo para que el presidente del Gobierno indultara a la tropa de golpistas sólo dos años después de esa oleada de disturbios terroristas tras la sentencia. Después llegaría la amnistía con la que Sánchez ha comprado cuatro años más en Moncloa tras las elecciones de julio del año pasado.
Y este mismo lunes la Fiscalía del presidente socialista ha dado su visto bueno a que se indulte a Junqueras y los demás condenados por malversación de la inhabilitación que les impide presentarse a las elecciones u ocupar cargos públicos. De modo que si los jueces no amnistían la malversación, ahí está Sánchez para ampliar el alcance de los indultos con el aval de los fiscales de su dependencia.
El presidente está dispuesto a hacer lo que sea para satisfacer a sus socios. Se le resiste la pieza de Puigdemont, sobre el que pesa el cargo de malversación por el que aún podría ser extraditado e ingresar en prisión a pesar de la amnistía. Pero aunque Puigdemont llegara a pisar la alfombra roja de una cárcel catalana, nunca habrá salido tan barato dar un golpe de Estado.
Es harto improbable que Puigdemont pase un solo día en la cárcel en España. Y es imposible que autorice la participación de su partido en una moción de censura contra Sánchez, cuyo verdadero cortafuegos frente a la corrupción generalizada en su entorno (familia, Gobierno, partido) es el apoyo de los proetarras y de los separatistas catalanes. De ahí las leyes e indultos para excarcelar a terroristas y golpistas. Y no hay mucho más. Presuntos delincuentes y delincuentes convictos de diferentes géneros haciendo tratos.