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Mónica García no quiere ser mutualista

Nunca un ministro del Gobierno de España había mostrado una actitud tan vehemente y desafortunada como la que ha exhibido estos días García.

Nunca un ministro del Gobierno de España había mostrado una actitud tan vehemente y desafortunada como la que ha exhibido estos días García.
Mónica García. | Archivo

Cuando Mónica García nació en el ventoso enero tardofranquista de 1974, no sabía a ciencia cierta que iba a ser madre, médico y ministra. Ser madre fue un acto de voluntad basado en la biología, ser médico un título derivado del esfuerzo universitario y ser ministro ha sido una eventualidad prodigiosa en un país que se ha conjurado para que gobiernen los más necios. García ha tenido la oportunidad de sumar a su repositorio de atributos con "m" el de mutualista, aprovechando el desatino en la gestión administrativa de otro profesional de la política como Óscar López. Pero en ese ardor guerrero que no conoce antiácidos, ha hallado un hueco para desatar toda su ideología extravagante sobre lo público y sobre lo privado, y mostrarse partidaria de la detonación descontrolada de Muface. García acostumbra a no pensar lo que dice, aunque es peor cuando dice lo que piensa.

Mientras Óscar López anunciaba que el presupuesto de licitación para la adjudicación de los conciertos de Muface se iba a adaptar a las necesidades crecientes de los prestatarios del sistema, García insistía en dar la bienvenida a la sanidad pública a todos los empleados públicos que optasen por el cambio. Inasequible al desánimo, la ministra, incompetente en la materia, insistía en colocar su conglomerado ideológico, como si nada. Una vez que enciende la mecha, no tiene límites. Pero quizá debamos volver a aquellos años fríos del NODO para que entienda qué razones llevaron la creación de la Mutualidad de funcionarios civiles del Estado.

Muface fue creada en el verano de 1975, principalmente, porque a la mayoría de los funcionarios se les prestaban unos servicios sanitarios de inferior calidad respecto al resto de los trabajadores por cuenta ajena. En el momento de la creación, más de 100.000 funcionarios carecían de cobertura contra el riesgo de enfermedad. Se creó Muface para resolver un problema que tenía un colectivo de aproximadamente 375.000 funcionarios, los cuales no tenían una cobertura de asistencia sanitaria común, e incluso, algunos de ellos, no tenían ningún tipo de cobertura sanitaria. Los funcionarios que tenían cobertura sanitaria recibían ésta a través de las 65 Mutualidades que existían en los diversos Ministerios. Además, las coberturas sanitarias eran muy diferentes, ya que, mientras algunas Mutualidades prestaban asistencia médico-quirúrgica completa y prestación farmacéutica gratuita, otras sólo cubrían determinadas prestaciones sanitarias.

La Ley 29/1975 facultó a Muface para que pudiera prestar los servicios sanitarios directamente (producción y gestión directa) o, alternativamente, a través de Conciertos con empresas pública o privadas de servicios sanitarios. Dicha Ley manifestaba que los Conciertos "se establecerán preferentemente con Instituciones de la Seguridad Social". Aunque la voluntad del legislador era clara, sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque la propia Seguridad Social (el Instituto Nacional de Previsión) no tenía, en aquel momento, la suficiente capacidad para absorber a un colectivo de casi 800.000 personas. En consecuencia, Muface tuvo que prestar los primeros servicios sanitarios a través de Conciertos con cuatro entidades privadas.

Cinco décadas después, el sistema ha venido funcionando, no ajeno, eso sí, a los cambios demográficos y asistenciales de los funcionarios cubiertos por la Mutualidad. Pero a diferencia de las pulsiones propias de la fijación de precios en los concursos, y dejando al margen a Rodríguez Zapatero, que ya asomó la patita con este asunto, nunca un ministro del Gobierno de España había mostrado una actitud tan vehemente y desafortunada como la que ha exhibido estos días García. Apelando a su condición de médico, pero también de ministra, extinguir Muface supondría para el Gobierno quitarse un problema de encima para entregárselo multiplicado a las Comunidades Autónomas, competentes en materia sanitaria, y que son quienes tendrían que lidiar con esa avalancha de beneficiarios, sin margen y sin los recursos necesarios. Esas mismas Comunidades Autónomas cuyas listas de espera llevan creciendo desde 2020. La espera media es de 121 días y el 20,4% de los pacientes sufren esperas superiores a los 6 meses (datos del Sistema Nacional de Salud). Según el estudio realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), en el que analizan las consecuencias de la desaparición del mutualismo, se concluye que la lista de espera en las consultas externas se incrementaría un 266%, de 85,4 días a 227,6 días, y las listas de espera quirúrgica tendrían un aumento del 115%, pasando de 17,1 días 19,6 días.

No hay que ser médico ni ministra para saber que la detección tardía de enfermedades o el inicio extemporáneo de tratamientos es perjudicial y en algunos casos crítico para los pacientes. Adicionalmente el coste de tratar enfermedades avanzadas es mayor, así como el de tratar a pacientes que podrían no haber caído enfermos de atenderles cuando lo solicitaron. Además, la sanidad pública no dispone de las historias clínicas de los pacientes que se tratan en la sanidad privada, y este volcado de datos no es sencillo ni se ha previsto su coste, lo que supondría la interrupción abrupta de tratamientos en curso.

Por último, el estudio de Cátedra Extraordinaria Salud Sostenible y Responsable de la UCM, cifra el gasto sanitario público estimado para 2023 en 1.608 euros, mientras que la prima media ponderada de Muface sería de 1.014 euros, una significativa diferencia de 594 euros por mutualista y año. Tomando las cifras anteriores y aplicado al colectivo de Muface que prefiere la cobertura sanitaria privada, el Estado estaría ahorrando unos 600 millones de euros al año. Todo esto sin sumar las inversiones que serían necesarias para incorporar a los nuevos beneficiarios si se desmantelase Muface.

A pesar de todos estos razonamientos, García sigue "eme que eme". Por fortuna, el pragmatismo de López, que debió hacer un cálculo rápido sobre el daño que podía provocar a más de medio millón de votantes del PSOE que estaban incluidos en el grupo de riesgo de la extinción de Muface, ha contrarrestado la desafinación de la ministra, aunque no oculta la torpeza y la falta de previsión de un ministro que ignora las reglas más básicas de la contratación pública. Al menos, los estados vivenciales de necesidad política en los que vive constantemente López le han obligado a responder antes de que la eclosión del sistema se produjera. Lo que no ha conseguido evitar es que se vean las costuras de un Ministro sin conocimiento y sin respuestas.

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