Es muy probable que la "obsesión personal" del presidente del Gobierno con Madrid "va a costar la imputación, y probablemente la condena, de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado", tal y como ha augurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su tradicional balance del año desde la Real Casa de Correos. Lo que es innegable, desde luego, es que las noticias relacionadas con la corrupción —tengan o no que ver con la cierta obsesión del presidente del gobierno contra la presidenta madrileña— no están dando ni un respiro al jefe del Ejecutivo ni siquiera en estos días de fiestas navideñas.
Así, este jueves se ha sabido que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha acordado citar como testigos el próximo 16 de enero a Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, y a Julián Salto, fiscal de Delitos Económicos, diligencias que se enmarcan precisamente en la investigación al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por el presunto delito de revelación de secretos tras la filtración contra Alberto González Amador.
Asímismo, este jueves se ha sabido que el comandante de la Guardia Civil imputado por pasar chivatazos a la trama de Koldo y Aldama espió al inspector fiscal que destapó inicialmente la red de presunta corrupción. El inspector en cuestión simplemente se topó con un incremento inexplicable de beneficios en las sociedades de la trama y decidió hacer lo normal: comprobarlo a través de la AEAT. Todo acabó en lo que ahora conocemos: una trama gigantesca con ramificaciones múltiples. Pero por el camino, el inspector en cuestión vio cómo se vulneraba su privacidad con una investigación en la que se usaron medios policiales para espiarle y en la que, tras comprobar que la persona en cuestión era honrada, decidieron dar un paso más: buscar "amantes" o "debilidades".
Si este nauseabundo espionaje ilegal afecta directamente al máximo responsable de los cuerpos policiales, que no es otro que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no menos peor parada sale la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A este respecto, conviene recordar que Aldama ha declarado en sede judicial que pidió un "favor" fiscal a Carlos Moreno, el jefe de Gabinete de Montero, para que mejorara el trato a una de sus sociedades. Aldama ha asegurado que el jefe de Gabinete de Montero no lo rechazó y le dijo que "antes" tenía que hablarlo con su "jefa". Según Aldama, efectivamente, lo solicitado se cumplió y le pagó 25.000 euros, es decir, que abonó un soborno.
Ahora bien, en línea con lo pronosticado por Ayuso, conviene recordar que ya no es sólo el caso del fiscal general del Estado, o el de la vicepresidenta Montero o del ministro Marlaska: hasta una docena de ministros y altos cargos del Gobierno de Sánchez están salpicados por el presunto delito de tráfico de influencias cometidos en el marco de la trama corrupta. Así, Aldama ya ha señalado directamente en sede judicial a ministros como la que fuera vicepresidenta económica Nadia Calviño, la que fuera ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, la que fuera ministra de Industria Reyes Maroto, el también exministro José Luis Ábalos o el expresidente canario y actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
Además de a la ministra de Hacienda, el comisionista también ha salpicado a la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso Francina Armengol, o el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, asi como por otros hechos delictivos, al ya mencionado ministro del Interior, al exministro de Sanidad Salvador Illa o el exministro para la Transformación Digital Óscar López.
Así las cosas, con medio Gobierno salpicado directamente por la corrupción, con su hermano y su esposa imputados por este mismo motivo y sin una mayoría parlamentaria que le permita sacar adelante sus proyectos legislativos, Sánchez va a tener que recurrir como nunca a la mentira. Y es que, a la postre, y tal y como también ha pronosticado con acierto Ayuso, "el objetivo de Sánchez y su débil proyecto no es otro que atrincherarse al precio que sea".
