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La indefendible defensa de David Sánchez

Ahora también hay más que sospechas de que se ha ido más allá de las mentiras y las trabas al proceso judicial, y todo apunta a la deliberada destrucción de pruebas

Mientras la propaganda oficial –y la oficiosa del equipo de opinión sincronizada– se empeñan en negar que haya ningún problema en la contratación del hermano del presidente del Gobierno por la Diputación de Badajoz, lo cierto es que la investigación judicial avanza imparable y cada día está más claro que hay serias irregularidades que los jueces decidirán si tienen carácter de delito probado, pero de las que ya se derivan innegables responsabilidades políticas.

Por otro lado, tal y como ocurre en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, que también está imputada en una situación insólita e impensable en cualquier democracia europea, la defensa de David Sánchez está haciendo aguas de una forma clamorosa: es alucinante, por ejemplo, que en las semanas que han pasado desde que el hermano del presidente fue citado como imputado haya sido incapaz de preparar un relato coherente de los hechos, que ni tan siquiera pueda explicar qué funciones tenía su puesto de trabajo, qué organigrama tenía su oficina o dónde estaba ubicada.

Por no saber David Sánchez no sabía que tenía subordinados y, lo que ya resulta el colmo de la improvisación y de la estulticia judicial, ha llegado a decir a la juez que esa oferta de trabajo, por llamarlo de alguna manera, en un organismo que dependía de un subordinado de su hermano la encontró "buscando trabajo en internet en Google". Grotesco.

Al mismo tiempo, los testigos están dejando aún más en evidencia la realidad de lo que a todas luces era un enchufe creado y mantenido sin otra razón que hacerle un favor a Pedro Sánchez: nadie veía por la oficina al flamante jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación Provincial de Badajoz, sus subordinados ni tan siquiera sabían que lo eran y, por supuesto, no hay nada que acredite que David Sánchez liderase ningún proyecto, culminase alguna tarea o, en suma, que trabajase lo más mínimo.

Conviene no olvidar tampoco lo que quizá no pueda ser considerado una evidencia judicial, pero sí lo es desde el punto de vista político: el favor que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, le hizo a Pedro Sánchez por vía fraternal le fue devuelto con creces: nada más y nada menos que con el ascenso a líder de los socialistas extremeños, que se produjo el pasado año, tras la marcha de Guillermo Fernández Vara.

Finalmente, si todo lo anterior no fuese ya motivo más que suficiente para provocar la caída de cualquier presidente que tuviese un mínimo de dignidad y de respeto por las instituciones y la democracia, ahora también hay más que sospechas de que, como en el caso contra el Fiscal General del Estado, se ha ido más allá de las mentiras y las trabas al proceso judicial, y todo apunta a la deliberada destrucción de pruebas. Otro delito más en la desesperada huida hacia delante de un Gobierno y un partido cuya falta de respeto por la legalidad puede no sólo acabar por desalojarles del poder, sino incluso por alojar a alguno uno de sus líderes en algún centro penitenciario.

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