Dentro de lo arriesgado que es hacer afirmaciones categóricas respecto de lo que pueda pasar en el futuro —incluido el corto plazo—, no creemos, sin embargo, que sea en absoluto realista esperar que se vaya a producir una moción de censura de PP, Vox y Junts contra el Gobierno de Pedro Sánchez, como tampoco lo es esperar que el Gobierno de Sánchez se preste a someterse a una cuestión de confianza, tal y como le exigen los de Puigdemont bajo la "amenaza" de dejarlo en minoría y sin poder sacar adelante proyectos legislativos, tal y como —conviene no olvidarlo— ya vienen haciendo los separatistas de Junts desde hace mucho tiempo.
Ahora bien. Una cosa es que Sánchez, sin tenerla asegurada, niegue a Junts una cuestión de confianza y que esté dispuesto a aferrarse al gobierno incluso al precio de no poder gobernar, y otra, muy distinta, que no trate de seguir contentando a los golpistas, ya sea con nuevas promesas, ya sea consolidando las ya efectuadas. Buen ejemplo de esto último lo constituye la antijuridica ley de amnistía: un día después de usurpar la competencia del Tribunal Supremo para legalizar el nombramiento del fiscal de Sala de Menores Eduardo Esteban, que anuló la Sala Tercera del Alto Tribunal en dos ocasiones, el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido ha consumado el "gesto de Sánchez a Puigdemont" apartando al magistrado José María Macías en relación a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía del 1-O.
La peregrina excusa que ha dado la mayoría "progresista" de este envilecido tribunal de garantías es que Macias habría quedado invalidado para enjuiciar la constitucionalidad de la ley al tener conocimiento de la misma con ocasión de su cargo de vocal en el Órgano de Gobierno de los Jueces. Ahora bien, esto constituye una torticera interpretación de las causas decimotercera y decimosexta que establece el articulo 219 de la Ley del Poder Judicial —al que por cierto no pertenece el TC— como justificantes de la abstención y, en su caso, de la recusación de un magistrado. Y es que haber tenido conocimiento de la ley objeto del pleito no implica haber participado en la elaboración de la misma; y "haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio" no implica, siempre y necesariamente, "detrimento de la debida imparcialidad".
Con todo, no es este el único pulpo que el Tribunal Constitucional va a tener que admitir como animal de compañía para atender las exigencias del Gobierno: además de la ley de amnistía con la que Sánchez trata de ganarse el apoyo de los golpistas de Puigdemont, el TC tendrá que admitir la no menos clamorosamente inconstitucional "Ley Begoña" con la que Sánchez trata de garantizar la impunidad de su esposa y de su hermano. Y es que la acusación popular, que originó el procesamiento de ambos y que este otro engendro jurídico planteado por el Gobierno pretende eliminar, está expresamente protegida por nuestra Ley de leyes en su articulo 125 así como por la propia jurisprudencia del TC, tal y como tan esplendida y oportunamente ha recordado en este diario Javier Gómez de Liaño.
A este respecto, hace muy bien la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anunciando que dará "todas las batallas posibles", incluido la judicial, contra este nuevo y gravísimo atropello a nuestro Estado de derecho. Es más. Su partido y Feijoo deberían dejarse de medias tintas y liderar una sonora protesta en Europa y promover manifestaciones de protesta en toda España contra este nuevo ataque a la nación española entendida como Estado de derecho. Porque una cosa está clara: con la fiscalía y con el TC sometidos a sus designios, Sánchez está decidido a que España transite, de la ley a la pseudoley, de una democracia liberal a una república bananera propia de un régimen bolivariano.