El anuncio de la condonación de parte de la deuda de Cataluña, en cumplimiento de los acuerdos del Gobierno con sus socios catalanes, ha puesto en pie de guerra al resto de comunidades del régimen común, que verán nuevamente socavados sus derechos en beneficio de los partidos golpistas.
No hay ninguna razón para que el Estado se haga cargo de unas deudas contraídas por las comunidades autónomas que, en el caso de Cataluña, se han disparado por la necesidad de financiar el proceso separatista. El único motivo que lleva a Sánchez a hacer esta nueva concesión a sus socios catalanes es la necesidad de mantenerse en La Moncloa, aunque trate de disimular su traición repartiendo propinas al resto de comunidades afectadas.
Lo primero que hay que señalar es el error de concepto en este anuncio de condonación de la deuda autonómica, porque las deudas solo las puede perdonar el acreedor de las mismas; no el pagador subsidiario que, en este caso, es el Estado. Lo que hace Sánchez, en realidad, es cambiar la titularidad de esa deuda, para repartir entre todos los españoles una carga de la que deberían hacerse cargo los gobiernos autonómicos. Especialmente el de Cataluña, el más manirroto de todos y el que más préstamos solicitó al Fondo de Liquidez Autonómico, hasta llegar a los más de 70.000 millones contabilizados a día de hoy.
Pero lo más perverso de esta nueva felonía sanchista es que legitima el discurso victimista de los separatistas catalanes, como hizo Oriol Junqueras al hacer público el acuerdo. Según el expresidiario separatista, "el Gobierno dio a Cataluña en forma de crédito lo que ya era de los ciudadanos de Cataluña y Cataluña tuvo que pagar intereses por lo que ya era suyo". Es decir, lo que hace Sánchez con su decisión es reconocer de facto que si España no robara a los catalanes la deuda no se hubiera producido, una mentira flagrante y un precedente gravísimo que tendrá duras consecuencias en el futuro.
Por otra parte, eliminar de la contabilidad de las comunidades parte de las deudas contraídas es un incentivo perverso para que los gobiernos autonómicos sigan endeudándose sin límite, confiando en que el Gobierno diluirá sus despilfarros entre todos los españoles, en lugar de asumir las consecuencias de su gestión frente a los ciudadanos de sus respectivas regiones.
Finalmente, la medida anunciada por Junqueras y el Gobierno de España es un agravio comparativo hacia aquellas regiones leales a la Nación que, además, han gestionado sus finanzas con criterios de prudencia como la Comunidad de Madrid, la única que no recurrió al FLA para endeudarse por encima de sus posibilidades, como hicieron, en mayor o menor medida, todas las demás.