El Gobierno ha conseguido que la discusión política sobre inmigración se reduzca a discutir el reparto de los menores extranjeros no acompañados, más conocidos por menas. Este logro no es sólo mérito suyo. Han contribuido, desinteresadamente, el primer partido de la oposición y el segundo. La posición gubernamental es tan simple que es difícil de simplificar. Pero vamos a intentarlo. La cosa es así: quien no acepte el reparto de menas acordado con Puigdemont es un racista y un xenófobo. Sentado esto, no hay más que hablar. Ocurre como en la ley de Godwin: una discusión en internet caduca cuando uno de los participantes menciona a Hitler. No hay forma de seguir discutiendo.
Mientras los términos sean "si aceptas eres solidario, si no aceptas, racista", el Gobierno está en su salsa. No tiene que hablar de lo que no quiere hablar. No tiene que rendir cuentas de su inacción y su negligencia. El Partido Popular le facilita el escape porque piensa que le puede mandar el racismo de vuelta. ¿Cómo? Muy fácil, ahí están el acuerdo con Junts para delegar competencias de inmigración a Cataluña y el acuerdo con Junts para un reparto de menas que libra a Cataluña de nuevas oportunidades de defender los derechos humanos. Como dijo Bendodo, a ver por qué el "cero menas" del pacto en Valencia es xenofobia y el "cero menas" del pacto con Puigdemont es progresismo. Vale, pero la discusión permanece en el campo gubernamental: todo lo que hay que hablar sobre inmigración es cómo repartir a los menas. Y ahí sigue también con la ayuda de Vox, que ha hecho del reparto asunto tan capital que rompió sus gobiernos con el PP por esa causa.
Una discusión que se libra con intercambio de acusaciones de racismo es una discusión caducada que ayuda al Gobierno a escaquearse. Eso no quita que el acuerdo con Junts para el reparto y sus supuestos criterios sean de una obscenidad política difícilmente comparable. El resultado mismo lo dice: 806 para Madrid y 795 para Andalucía frente a 27 para Cataluña y 88 para el País Vasco. Hay que cuidar también al PNV. Los criterios son tan objetivos que se han diseñado para conseguir un objetivo: evitar que Cataluña y País Vasco ejerciten su humanitarismo con nuevas tandas de menores no acompañados. ¿No va a protestar Rufián, de Esquerra Islámica de Cataluña, por la escasez del envío? El que sí protesta es el alcalde socialista de Fuenlabrada, aunque por lo contrario. Siempre con la solidaridad por delante. Pero que no se los lleven a su pueblo, al centro que ha bautizado con el nombre de Díaz Ayuso, en vez de con el nombre de quien merece el honor, su jefe, Sánchez.
Aún así. La cuestión a la que tenía que estar respondiendo el Gobierno es a cuántos menores extranjeros no acompañados más está dispuesto a acoger. ¿Varias decenas de miles más? ¿Centenares de miles? Marruecos, origen de al menos el 30 por ciento de ellos, estará bien dispuesto a seguir evacuando a España a parte de su población juvenil. La cuestión es si tiene algo parecido a una política migratoria o va a continuar cruzado de brazos. Pero estamos empeñados en no hablar de qué hacer ante la oleada migratoria. En seguir en una discusión tan radicalmente falsa que ni siquiera reconoce que tenemos un problema. Es un tema de derechos humanos, dice ufano el ministro Óscar López. Pues, entonces, señor, ponga un puente aéreo entre España y África para recoger a los menores (y no menores) necesitados. No les haga cruzar el mar y que pierdan la vida en el intento. Lo demás es pura demagogia y vil charlatanería.