Sería un error caer en la tentación de considerar que la bochornosa y liberticida hostilidad con la que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, primero, y el propio presidente del Gobierno, después, se han dirigido contra las universidades privadas es una mera maniobra de distracción para que no se hable de otros temas que incomodan al gobierno tales como su no menos impresentable desprecio hacia la presunción de inocencia, su falta de presupuestos, la división que se da en el seno del propio Ejecutivo en torno al gasto en defensa o los múltiples casos de corrupción que afectan a los ministros y familiares de Pedro Sánchez.
Por mucho que el Ejecutivo pueda sentirse mucho más cómodo despotricando contra la enseñanza universitaria privada que tratando estos últimos espinosos asuntos, su hostilidad a la enseñanza privada atiende también a una pulsión ideológica típicamente social-comunista que trata de evitar la libertad de elección de los ciudadanos para que nada escape del control y del adoctrinamiento del Estado. No por nada el ideólogo comunista Antonio Gramsci aconsejaba a sus correligionarios aquello del "tomen la educación y la cultura, y el resto se dará por añadidura" y no por nada Benito Mussolini —no por fascista menos socialista— exigía "todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado".
Por ello, ante esta ofensiva contra la enseñanza universitaria privada tampoco nos podemos limitar a señalar la hipocresía —ciertamente, colosal— de un Gobierno cuyo presidente ha estudiado en universidades privadas como también lo han hecho sus ministros de Exteriores y del Interior (Deusto), su ministro de Industria (ESADE), su ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Universidad de Navarra), su ministro para la Transformación Pública (Universidad de Newcastle Upon Tyne) o su ministro de Economía que lo hizo en la London School of Economics.
Es necesario además señalar que una cosa es la calidad de la enseñanza y otra muy distinta los requisitos y trabas que pone la administración para la apertura de un centro privado de enseñanza, requisitos que a lo que vienen, en realidad, es a cercenar o restringir un derecho constitucionalmente amparado como el que (art. 27. 6 CE) "reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales".
Así, por ejemplo, ¿qué tendrá que ver la calidad de lo que se enseña en un centro universitario con la obligación de tener una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de Ejercicio? ¿Qué tendrá que ver la calidad de un centro universitario que se quisiera, por ejemplo, especializar en estudios de economía con la obligación de ofrecer al menos tres programas de doctorado? Y ¿qué tiene que ver la calidad con la exigencia de que en la oferta de grados, másteres y doctorados estén representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento? Y eso, dejando al margen, las arbitrariedades y el deseo de eliminar potenciales competidores que pueda anidar en el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que ahora pasará a ser vinculante, y al que ahora se tendrá que añadir otro documento de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o las entidades autonómicas equivalentes.
Evidente pueden haber centros públicos como privados que se dediquen a regalar o a vender títulos universitarios pero la calidad de la enseñanza se procura no restringiendo sino ampliando la libre competencia y la libre elección de los ciudadanos. Es erradicando al máximo posible las barreras de entrada a la creación de nuevos centros universitarios como se procura la calidad, el esfuerzo y el mérito en la enseñanza, y no creando barreras de entrada que lo que protegen es a los centros públicos coactivamente financiados por el contribuyente y a los centros privados ya instalados.
Finalmente, no es menos reprobable que el gobierno defienda esta ofensiva contra la libertad de enseñanza excitando el guerracivilismo —como dice Ayuso— o, más bien, el resentimiento social y la lucha de clases. Si la enseñanza estatal ha dejado de ser una palanca de ascenso para los menos pudientes se debe al despilfarro y la nula exigencia que se reclaman en no pocos centros estatales. Esa es la misma razón, y no otra, por la que se ha desarrollado la demanda de nuevos centros privados que el Gobierno trata de cercenar a toda costa. Y es que hace tiempo que la universidad dejó de ser para la izquierda un ámbito para que el esfuerzo, el merito y la calidad de la enseñanza sirvieran para la mejora de las expectativas laborales y vitales de los ciudadanos para convertirse, por el contrario, en mero medio de adoctrinamiento y propaganda política.