Como no lo hicieron Griñán, Chaves, Junqueras, Romeva, Turull, los dirigentes de la UGT de Andalucía… Todo era por y para el sindicato, la Cataluña indepe, las empresas andaluzas y el partido. Ni un euro entró en su bolsillo. Eso afirman sus defensas. Todo se hizo por un bien superior, no para lucrarse. Quien no resistió la tentación de metérselo en la faltriquera fue Bárcenas. Dicen que, en su caso, es normal porque es de derechas.
Los jueces franceses son, como hemos descubierto tras la sentencia contra el entramado de financiación del Frente Nacional, en su inmensa mayoría unos izquierdistas peligrosos y muchos van de comunistas. De no creer. Aquí, en España, tenemos más variedad. Depende de a quién apriete el juez o la jueza, puede ser franquista, pepero, de izquierda o podemita. Machista o vengador feminista. En eso del uso de la justicia para derribar al oponente, somos un referente internacional. Fue un párrafo espurio el que dio pie a que el PNV traicionara al presidente Rajoy en la moción de censura. Lo hubiera hecho igualmente. No son gente de fiar, por ser prudente en el calificativo.
A Marine Le Pen la han condenado por el mismo motivo que a la UGT de Andalucía o a ERC y Junts: por destinar un dinero público, que tenía un fin preciso, a otro completamente distinto. Pero, para algunos, esto es un golpe blando contra la democracia. Curioso razonamiento. Uno siempre pensó que aplicar la Ley era defender la democracia.
En el caso del sindicato socialista se le condenó por un fraude en las subvenciones de formación para desempleados que se destinaron a "fines distintos", como eran financiar actividades propias de la UGT (Audiencia Provincial de Sevilla. Resolución 428/2024). Y a la cuadrilla de Junqueras, Romeva y Turull, como autores de un delito de malversación de caudales públicos. "De lo que se trataría, en fin, es de analizar si la decisión de los condenados de aplicar fondos a la celebración del referéndum del 1 de octubre puede etiquetarse como una resolución integrable en el espacio funcional propio de un dirigente político a la hora de tomar decisiones acerca del destino de los fondos públicos. La respuesta tiene que ser negativa". (Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Auto 20107/2023).
El 30 de septiembre de 2016, el secretario general del Parlamento Europeo, Klaus Welle, le comunicó por carta a la eurodiputada Marine Le Pen que la Unión Europea había sufrido un perjuicio financiero de 339.946 euros como consecuencia de la contratación de Catherine Griset en calidad de asistente acreditada (APA) durante el periodo de diciembre 2010 a febrero 2016, y de Thierry Legier como asistente local de octubre a noviembre de 2011. El motivo es que estas personas cobraban del presupuesto comunitario para hacer funciones en el Parlamento Europeo, pero realmente eran empleados del partido y ni siquiera aparecían por Bruselas.
Las condenas se refieren a nueve eurodiputados y doce asistentes parlamentarios y representan aproximadamente 2,9 millones de euros en fondos malversados en beneficio del partido entre el 1 de noviembre de 2004 y el 17 de enero de 2016, es decir, a lo largo de once años, durante tres legislaturas. Estos hechos concluyeron durante la 8ª legislatura, casi un año después de que el Presidente del Parlamento Europeo los denunciara ante las autoridades judiciales francesas. La sentencia calcula, en base a la información aportada por el Parlamento Europeo, que "la perdida financiera total" es de 4.591.332 euros.
Luchar contra la corrupción es defender la democracia… Continuará en Ideas este fin de semana.