El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha roto la baraja totalitaria de la izquierda. Y lo ha hecho, además, en un caso absolutamente mediático como es el del exfutbolista Dani Alves, de quien aprovecho, así de entrada, para dejar sentado que ni ha sido nunca santo de mi devoción en nada ni tengo ni idea de si es o no culpable de los delitos de que ha sido acusado.
Lo que ha hecho el TSJC ha sido, ni más ni menos, que absolver al acusado por falta de pruebas de su culpabilidad, es decir, aquello a lo que está obligado todo tribunal del mundo democrático, occidental y con ciertas garantías de Justicia, es decir, respetar y poner por encima de cualquier otra cosa la presunción de inocencia, que aunque el socialismo, el comunismo y el feminazismo español se han empeñado en que nos olvidemos, es un derecho fundamental consagrado en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que, entre otras cosas, se refleja que: "Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada".
Así, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico contempla que estamos hablando del "derecho de toda persona acusada de alguna infracción penal a no sufrir una condena salvo que la culpabilidad haya quedado establecida en una sentencia firme tras un juicio justo", lo cual, según ese mismo texto, "responde a la idea de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario".
La presunción de inocencia está contemplada, igualmente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 11 refleja textualmente que "la presunción de inocencia implica que toda persona acusada de un delito no deberá ser tratada como culpable mientras no se haya demostrado su culpabilidad", así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos. En la Constitución Española, su artículo 24.2 refleja, entre otras cosas, que: "Todos los ciudadanos tienen derecho (…) a la presunción de inocencia".
Jurídicamente, es evidente que toda persona debe ser considerada inocente salvo que se demuestre su culpabilidad y es obvio que el testimonio de un denunciante no es una demostración de culpabilidad del acusado. Aquí, en España, y en el resto de países civilizados y democráticos.
Hace años, el PSOE encontró en la defensa de la mujer una baza electoral y, como es común en la izquierda, ha explotado esa baza por encima de cualquier límite, incluyendo la propia Constitución y la mencionada Carta europea. A medida que avanzaba en este atropello de los derechos fundamentales, la realidad parecía darle la razón en cuanto a su único fin con este proceso: la captura del voto. Así que decidió dar el paso de hacer circular la legislación por su propio Arco del Triunfo, primero con la Ley Integral de Violencia de Género y más tarde con la conocida como Ley del Sólo sí es sí.
Muchos españoles, cada vez menos, no lo saben, pero estas leyes colocan la carga de la prueba en el propio acusado, es decir, que lo obligan a demostrar su inocencia si no quieren ser declarados culpables. Son muchos los procesos que han terminado con un hombre condenado por no haber sido capaz de demostrar que era inocente de violencia o agresión sexual, así como algunos los casos que, después de haber cumplido parte de sus condenas, han logrado demostrar que eran inocentes, sin que ya nada pueda reparar el injusto daño del que han sido objeto por medio de una denuncia que resultó ser falsa. Todos los días, hombres acusados de violencia de género pasan la noche en el calabozo, casualmente los fines de semana en muchos de esos casos, sencillamente porque han recibido una denuncia de agresión, sin ninguna otra prueba.
Lo que el TSJC ha hecho ahora es estampar un torpedo contra la línea de flotación de tan anticonstitucional y antidemocrático constructo legislativo, volviendo a la línea jurídica de la protección de la presunción de inocencia que, insisto, sólo ha sido desasistida en este ámbito del derecho.
En un país democrático como éste, uno puede ser acusado de desfalco, de robo a mano armada, de asesinato o no digamos de sedición, malversación o de ser prófugo de la Justicia, pero nunca será condenado si no existen las pruebas de tales delitos. Sin embargo, gracias a la politización de la violencia de género por parte de la izquierda, hoy en día vivimos en una situación en la que, hasta esta sentencia y no sabemos qué ocurrirá a partir de ahora, en casos de violencia de género y agresiones sexuales, bastaba con el testimonio de la presunta víctima.
Hace años, publiqué una novela titulada Diario de un Maltratador, cuyo relato de ficción se inspira en numerosos testimonios que recabé sobre casos de hombres condenados por el mero hecho de no ser capaces de demostrar su inocencia. Una injusticia como la copa de un pino, pero, sobre todo, un ataque directo a la Constitución y a los derechos fundamentales.
Por supuesto, tras la sentencia del Tribunal de Cataluña, la izquierda en pleno ha bramado contra los magistrados y contra todos los que no comulgamos contra esta vulneración de derechos básicos de la persona, con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero sobre todo con la vicepresidente del Gobierno, MJ Montero Sobaquillo Veloz a la cabeza. A ellas y a representantes de diferentes chiringuitos feminazis, algunos de ellos juristas, no les ha temblado el pulso a la hora de afirmar que hay que respetar la veracidad del testimonio de una mujer que denuncia violencia de género y que lo contrario es una "vergüenza".
La sentencia del TSJC es un gran paso adelante hacia la igualdad real, la justicia y la recuperación de derechos perdidos, pero la guerra aún continúa. No obstante, ahora al menos hay tribunales capaces de sentenciar respetando la igualdad y la presunción de inocencia y gentes que ya no tienen miedo a preguntarse, sin miedo a ser denominados "machistas", por qué el testimonio de una víctima de violencia de género ha de tener más consideración que la del acusado y por qué no extender esa doctrina al resto de delitos: al robo, al asesinato, al desfalco, al cohecho o a la sedición. Hace años, cuando publiqué mi novela, éramos cuatro los que nos atrevíamos; ahora, al menos, la sensación es que se está perdiendo el miedo a la dictadura del feminazismo.