Conozco personalmente a independentistas que en vísperas del 1 de octubre de 2017 viajaron a Zaragoza para abrir allí una cuenta bancaria y traspasar acto seguido los saldos de sus depósitos en Barcelona. Porque son independentistas, pero no idiotas. Y eran conscientes de que un eventual éxito del golpe hubiese acarreado como consecuencia inmediata el que las entidades financieras radicadas en territorio catalán dejasen de tener acceso a la ventana de liquidez que ofrece el BCE a los bancos pertenecientes a cualquier Estado miembro de la Unión Europea. El golpe fracasó porque la mitad de los ciudadanos de Cataluña estábamos dispuestos a, si hiciera falta, usar la fuerza e ir al enfrentamiento civil para pararlo. Pero también fracasó por eso.
Y es que el hecho de no poder utilizar los activos procedentes de Cataluña como colateral en las operaciones de crédito con el BCE habría provocado un colapso inmediato de toda la actividad económica en las zonas bajo control de la Generalitat. De ahí que la creación de un banco público gestionado por la Administración catalana se haya convertido desde entonces en una de las principales aspiraciones tanto de Esquerra como de Junts. No desean que les ocurra lo mismo cuando vuelvan a intentarlo. He ahí, por lo demás, la única razón real de que le hayan impuesto ahora a Salvador Illa la tarea de mediar ante el Banco de España para que conceda la ansiada ficha.
Quienes fijan las normas en la banca española no son Botín, Oliu o Torres, como creen tantos ingenuos, sino los grandes fondos de inversión tipo BlackRock, compañía con un balance que equivale a nueve veces el PIB de España. Guste o no, el mundo de hoy funciona así. Y eso significa que un banquito público y liliputiense tendría que regirse, sí o sí, por esas mismas normas; de lo contrario, la alternativa sería quebrar. ¿Y para qué habría que fundar un banco público si estuviese obligado a hacer lo mismo que los privados? Para nada. No quieren un banco, quieren un instrumento monetario al servicio de la próxima sublevación.