Este sábado 28 de junio los demócratas y defensores del Estado de Derecho tenemos una cita ineludible frente al Tribunal Supremo, en la plaza de la Villa de París de Madrid, a las 12.30 horas. La concentración ha sido convocada por todas las asociaciones judiciales y fiscales, salvo dos: Jueces y Juezas para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales. El lema de la concentración reza "En defensa de la justicia independiente" y reivindica la dignidad profesional y los valores constitucionales del Poder Judicial. Se trata de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, sin adscripción partidista alguna.
Desde que Sánchez es presidente del Gobierno, en 2018, los tics antidemocráticos y contrarios a la Constitución española han sido continuos. Durante la crisis del COVID éstos se evidenciaron notoriamente, pero la actual legislatura, tras las elecciones de 2023, ha supuesto un acelerón en la deriva autoritaria protagonizada por el Ejecutivo. Sería imposible desglosar aquí el sinfín de anomalías que estamos viviendo. Un fiscal general del Estado al borde del banquillo de los acusados, un ministro de justicia a punto de la imputación (lo estaría ya si no fuera aforado), un delegado del Gobierno en Madrid siendo investigado, la esposa, el hermano, las manos derecha e izquierda del presidente, exministros (que se mantienen como diputados tras haber sido incluidos en las listas del PSOE para protegerlos), son circunstancias que hubieran hecho caer a cualquier gobierno "normal". Pero el que tenemos no lo es en absoluto, ya que es fruto de una mayoría Frankenstein que se traduce en una especie de club heterogéneo de fuerzas políticas que solo tienen en común una cosa: su propia supervivencia personal.
Pues bien, dentro de este clima tóxico, el Gobierno ha venido trabajando en un marasmo legislativo que tiene como único fin amordazar al Poder Judicial, controlar a los jueces (muchos fiscales ya lo están, salvo honrosas excepciones) y, en fin, demoler el marco constitucional propio de una democracia occidental. Aparte de la Ley de Autoamnistía, que es la punta de lanza, el ataque a la independencia judicial se está produciendo a través de los siguientes textos legislativos: la LO 1/2025 (ya aprobada y en vigor) y los diferentes proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Estatuto del Ministerio Fiscal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ellos, por primera vez en nuestro país, aunque de primero de totalitarismo, se está haciendo un uso espurio del lenguaje para denominar estas reformas de manera radicalmente contraria a sus objetivos. Así, se utilizan términos como "eficiencia" o fórmulas como "fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal" para enmascarar sus fechorías. Pero los leguleyos, rábulas y zurupetos, tomando prestada la nomenclatura de mi admirado Gómez de Liaño, que fabrican estos adefesios legales, saben muy bien cómo hacer el destrozo. Así pues, desde la creación de los tribunales de instancia hasta la atribución de la instrucción a los fiscales (mi apuesta es que se aprueba por el consejo de ministros en julio), se están desarticulando todos los instrumentos de protección de la independencia judicial. Para ello, además de repetir como loros falsos mantras, estos leguleyos justifican la oportunidad y contenido de las reformas en supuestos proyectos de gobiernos anteriores o en recomendaciones de instancias internacionales (la UE, GRECO o la Comisión de Venecia). Como buenos propagandistas que esconden sus verdaderos objetivos, lo hacen sin ningún tipo de pudor y, como ejemplo, un botón: la pretendida instrucción de las causas penales por los fiscales.
Se trata de una modificación sustantiva de nuestro proceso penal. Efectivamente, la atribución de las investigaciones al Ministerio Fiscal y la conversión de los jueces de instrucción en jueces de garantías es una cuestión que lleva estudiándose por los expertos desde hace mucho tiempo. Los partidarios del cambio lo justifican fundamentalmente en la mayor capacidad de investigación de los fiscales, que cuentan con mayores recursos, y, por tanto, una supuesta mayor eficiencia en las instrucciones. Sin embargo, los que defendemos el sistema actual, abogamos por la atribución de mayores recursos, materiales y personales, a los juzgados de instrucción para corregir sus carencias. Además, se suele aludir al derecho comparado para exponer la excepción española de las instrucciones judiciales, pero, si algo es único en nuestro sistema en beneficio de las garantías de los ciudadanos, ¿por qué cambiarlo? Pero que los árboles nos dejen ver el bosque: ¿alguien en su sano juicio piensa realmente que el Gobierno va a proponer el cambio del sistema de instrucción por sus beneficios técnicos? ¿O acaso estaremos todos de acuerdo que lo único que se pretende es controlar al máximo las causas penales que interesan, creando marcos de impunidad y, en fin, la abolición del principio de igualdad ante la ley? No hay más preguntas, señoría.
Además de la concentración del sábado, las asociaciones judiciales y fiscales han convocado una huelga la semana que viene. Razones no les faltan. Sin embargo, leo atónico que el Gobierno, que se presume garante de los derechos de los ciudadanos, a través del Ministerio de Justicia se ha dirigido al CGPJ para que se reafirme, o no, en un informe de 2009 donde supuestamente cuestionaba la legalidad de una huelga de jueces por considerar que los integrantes de un poder del Estado no tienen este derecho fundamental. No deja de resultar sorprendente que los mismos que hablan del "servicio público" de Justicia, con decidida intencionalidad denigratoria y para imponer injustificadamente una superioridad del Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial, ahora utilicen el argumento contrario. Obviamente los jueces y magistrados componen el Poder Judicial y en ningún caso son un servicio público (por cierto, el único poder del Estado que la Constitución califica de tal), pero, a diferencia de los otros dos, no tienen capacidad de decidir sobre aspectos fundamentales que les atañen como, por ejemplo, sus retribuciones y condiciones de trabajo, que les vienen impuestas por el Ministerio de Justicia y/o el CGPJ. Esta es una diferencia sustancial respecto de los miembros del Gobierno y de las Cortes Generales, que tienen capacidad para autorregularse y decidir sobre las cuestiones que les son propias. Por tanto, resulta obvio que los jueces y magistrados deben ostentar el derecho fundamental de huelga con total plenitud, máxime cuando están siendo objeto de ataques constantes provenientes de los otros poderes del Estado.
En fin, entiendo que estos temas judiciales son poco atractivos y no dados a la pancarta, pero es muchísimo lo que nos jugamos en tanto que ciudadanos libres e iguales. Por ello, espero que nos veamos esté sábado a las 12.30 horas, ¡frente al Tribunal Supremo!