Ni veinticuatro horas han tardado los redactores y beneficiarios de la Ley de Amnistía en dejar en ridículo los motivos aducidos por los seis felones del casino de Pumpido para arrodillar al Estado ante los golpistas de 2017. Turull ya se había jactado de haber sido uno de los redactores de la Ley, confirmando la vehemente sospecha de que los beneficiarios de la Ley la perpetraron a medias con el propio Pumpido, a cuyo lado Fernando VII, el Rey Felón, era un hombre de palabra. Por cierto: la participación de Pumpido en la Ley, anunciada por el Gobierno cuando decía que la Ley sería "impecablemente constitucional", gracias al cepillado de Pumpido, lo incapacitaba legalmente para formar parte del Tribunal, y si alguna vez hay justicia en España, lo llevará al banquillo, ante el Supremo. Y a la cárcel.
Y en estas, a cuenta del más alto tribunal español —el TC ha usurpado ilegalmente funciones que no son suyas— llega Cocomocho, con la fregona en la sesera, y, apenas conocida la sentencia, declara que "sólo estrecha un poco más el margen de prevaricación del Tribunal Supremo". Con un par. Y dicen los prevaricadores, de toga y de escaño, que la Ley de Amnistía ya ha conseguido la pacificación social en Cataluña. Sobre corruptos, majaderos.
El Felón se proclama dictador
Es tal la enormidad de su traición y tan escandalosa su vileza que no se ha reparado en que la Ley proclama abiertamente dictador a Pumpido, en función de tres asertos de similar atrocidad. En primer lugar, sitúa al Poder Legislativo por encima de la Constitución, a la que se le priva, de hecho, de su legal mecanismo de reforma, que desemboca en un referéndum en el que participe el único sujeto soberano, que es el pueblo español. La diferencia es abismal entre un voto en el Congreso (también se elimina el Senado) y los votos de todos los españoles, para decidir sobre algo fundamental.
Ese algo, con casi seguridad y por orden expresa de Cocomocho, será el referéndum de autodeterminación de Cataluña y de cualquier otra comunidad "histórica", como si alguna no lo fuera y como si la España romana y goda no fuera anterior al nacimiento de los reinos medievales en la Reconquista, que tampoco buscaba repartir la soberanía sino recuperarla. Pero recordemos: al subordinar el mecanismo de reforma constitucional a una votación en el Congreso, Pumpido y sus felones han robado al pueblo español y lo colocan de hecho fuera de la Ley, ya que su valor político ha desparecido y su condición nacional se volatiliza. Según la sentencia felona ya no existe una comunidad política secular llamada España, sino la forma de Estado que convenga a un Gobierno corrupto hasta las heces y a unos jueces de saldo y sueldo, de perruna obediencia a ese Gobierno. De forma ilegal, ilegítima, artera y violenta, los españoles hemos sido expropiados de nuestra posesión más preciada, la soberanía de la nación española, por unos políticos peritos en robar y unas togas corrompidas doctas en prevaricar.
Al decir que el Legislativo puede votar todo lo que no esté prohibido expresamente por la Constitución, o sea, que también cabría ahorcar jueces, se establece su dictadura sobre los otros dos poderes, pero como es el TC el que, finalmente, declara ilegal o ilegal cualquier ley del Congreso, y como ahí manda Pumpido, resulta que un sujeto sin legitimidad ni prestigio, se ha proclamado, como el que no quiere la cosa, dictador sobre la dictadura del Legislativo. Imaginemos ahora que un grupo de gente de uniforme o civiles radicalizados chantajean mediante un secuestro, montaje sexual o trampa económica al torvo juez gallego. Pumpido, en una votación ajustada, que como ha demostrado, puede imponer recusando a los miembros del TC que le estorben, puede cargarse cualquier ley que salga del Congreso. Tal cual.
En la práctica, la Ley de Amnistía desmantela la legalidad existente, en su totalidad. Es algo más que un golpe de Estado, que siempre aspira a imponer algo, generalmente de tipo ejecutivo, pero con leyes de excepción. La mostrenca criatura de Pumpido y sus felones sólo aspira a destruir. No hay un plan, ni legal ni ilegal, a medio o largo plazo. No hay Constitución que proteja a los ciudadanos del atropello de los tiranos, pero tampoco a los golpistas del Tribunal Constitucional. Tampoco Pumpido tiene amparo. Ha impuesto una doctrina de hechos consumados ciscándose en la legalidad española y europea, a los hechos consumados deberá atenerse en el futuro.
El acelerón del golpe de Sánchez y Bolaños
Es tan grosero el desmentido del separatismo catalán a los fines que se aducen para perpetrar esa ley, es tan evidente su ilegitimidad y tan clara su voluntad delictiva al negarse a esperar a que se pronuncie el TJUE sobre la legalidad o no de esta ley, que el único camino para este Gobierno, que no tiene mayoría social ni parlamentaria, es acelerar el proceso golpista. De eso se encarga Bolaños, alcanzado ya por la Justicia en varios presuntos delitos sobre los que debe pronunciarse el Tribunal Supremo. Lo normal, sobre todo después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, también sobre el caso Begoña, es que le indiquen a Peinado cómo ha de completar los motivos expuestos para su imputación. Y que lo imputen.
Dos imágenes explican la impresión de continuidad criminosa por parte del Gobierno y, frente a ella, de rebelión de las leyes y sus servidores decentes. Una es la de la movilización de jueces y fiscales contra la Ley Bolaños, que busca jueces no por oposición sino por abierta corrupción. Otra, la víspera, la condecoración por el mismo Bolaños con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, máxima distinción en el ámbito de la Ley, del ex-presidente o supra-presidente Zapatero, máximo representante del Crimen Organizado en España como embajador del narco venezolano y de las inversiones rusas, chinas o iraníes que atraviesan el Grupo de Puebla.
La alternativa del sanchismo frente al régimen constitucional, a corto plazo, es la secesión de Cataluña y el País Vasco, mediante plebiscitos que sustituirían las elecciones generales. A largo plazo, que España forme parte de esos estados que, bajo el paraguas de Puebla, sirven a Moscú y a Pekín.
En resumen: Pumpido, al proclamarse dictador, aunque al dictado de Sánchez, dinamita el orden legal que permite la discrepancia en paz de las distintas opciones políticas, y no deja más camino a la sociedad española que derribarlo o someterse al Crimen Organizado, socio definitivo del PSOE. Ojalá la Oposición, los medios no vendidos y la sociedad española en general son conscientes de que, como decía este viernes Maibort Petit, esta es la última oportunidad de evitar la negra suerte de Cuba o Venezuela.