La solución al complejo y gravísimo problema de la inmigración ilegal no pasa por descalificar a los ciudadanos que más lo padecen. Denigrar como fascistas, racistas o xenófobos a los cada vez más numerosos ciudadanos que están hartos de la falta de seguridad ciudadana y del cada vez más creciente coste económico y social que provoca la masiva e incontrolada llegada de inmigrantes es algo peor que desatender una cada vez más creciente y fundada demanda social; es una contraproducente banalización de algo tan execrable como el fascismo o el racismo que nada tienen que ver con la legítima y cada vez más respaldada demanda de deportaciones de inmigrantes sin papeles o de aquellos que cometan delitos. En este sentido, una reciente encuesta señala que el 70% de los españoles -entre ellos, casi el 60% de los electores del PSOE- apoyarían esta medida que, hasta hace días, sólo se atrevía a defender públicamente Vox.
Los partidarios de las sociedades abiertas, mestizas y plurales, que defendemos el valor de la inmigración de personas que llegan legalmente a nuestro país a labrarse un porvenir y a contribuir al progreso y crecimiento económico de la nación, debemos ser los principales defensores de la tolerancia cero ante la inmigración ilegal que constituye, por el contrario, un coladero para personas que están abocadas a la dependencia de los servicios sufragados por los contribuyentes -entre ellos muchos inmigrantes legales- y a la comisión del delito. El control de las fronteras es tan legitimo y necesario como el control de las vallas y del acceso a cualquier propiedad privada. En caso contrario, el regalo de la inmigración puede convertirse en un caballo de Troya que destruya la convivencia y la integración y esa hazaña de la civilización que radica en que personas, aun de distintos orígenes, colores de piel o credos religiosos, puedan cooperar mutuamente, respetarse recíprocamente y sentirse todos ellos compatriotas.
Los disturbios desencadenados en la localidad murciana de Torre Pacheco tras la agresión de un inmigrante a un jubilado son, en este sentido, buena prueba, aunque no sea la primera ni vaya a ser la última, de las violentas consecuencias de no atender políticamente una demanda social cada vez más extendida como es la de la lucha contra la inmigración ilegal. Denigrar el hartazgo ciudadano como muestra de fascismo y, lo que es peor, dejar que grupúsculos -ellos, sí- auténticamente nazis campen a sus anchas y adquieran el protagonismo es algo mucho peor que una muestra de dejadez del Ministerio que dirige Grande-Marlaska: Es una calculada condescendencia del gobierno tanto para crear una cortina de humo ante sus casos de corrupción como para denigrar al conjunto de la ciudadanía que está legítimamente harta de la falta de seguridad y de la desastrosa política inmigratoria del gobierno así como una forma de envolver con los ropajes del fascismo a las dos únicas formaciones llamadas a ser una alternativa al PSOE como son PP y Vox.
Afortunadamente, Alberto Núñez Feijóo no se ha dejado dominar por los complejitos que, en otras ocasiones, han atenazado a su partido en este y otros ámbitos: Por el contrario, Feijóo ha reclamado la "deportación inmediata" de todo inmigrante irregular que delinca, añadiendo que "la inmigración irregular que viene a incumplir las leyes o a vivir de política sociales, evidentemente no van a ser bienvenidos en el país".
Evidentemente con esto no se termina el problema, entre otras razones porque las deportaciones no son procesos que se puedan ejecutar en un instante. Pero, desde luego, sería un gran paso en la buena dirección de cara a afrontar un problema que no resuelve denigrando como fascistas a los que lo padecen.