El Tribunal Supremo rechazado finalmente el recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra el auto que propone su enjuiciamiento por revelación de secretos al considerar el Alto Tribunal que existen claros indicios de que la filtración de datos reservados en torno al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid "fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado". La Sala de Apelaciones cierra así la última oportunidad de Álvaro Garcia Ortiz de evitar sentarse en el banquillo por tan grave delito.
No nos cansaremos de denunciar la vergonzosa y persistente negativa de García Ortiz a presentar su dimisión -cosa que debería haber hecho nada más entrar a trámite la denuncia- ni el no menos bochornoso e inquebrantable respaldo que Pedro Sánchez sigue brindándole: Ver sentado en el banquillo a quien, al mismo tiempo, ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Público, órgano que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia, es un contrasentido, un espectáculo que degrada a nuestras instituciones y que no tiene precedentes en España ni en ningún país democrático del mundo.
Ahora bien, tampoco querríamos que esta noticia eclipsara otra que, si bien reviste menos gravedad, no deja de ser bochornosa y denunciable como es la negativa del comisionado del gobierno de Pedro Sánchez para la DANA, José María Ángel Batalla, a presentar su dimisión a pesar de que la Agencia Valenciana Antifraude y la propia Fiscalía ya le han abierto una investigación por supuestamente falsificar documentación académica para acceder a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia en la década de los 80 con una diplomatura falsa en Archivística y Documentación supuestamente expedida por la Universidad de Valencia.
A pesar de que la Universidad de Valencia ya ha informado que el título de 1983 que falsificó el comisionado no se implantó en dicha Universidad hasta 1990, los socialistas le defienden por considerar que cuenta con una "hoja de servicios brillante"…
A este respecto conviene aclarar que, a diferencia de Noelia Núñez -la diputada del PP que recientemente presentó su dimisión por haber hinchado su curriculum-, y a diferencia de la legión de cargos del PSOE que hicieron lo mismo que Nuñez a pesar de no presentar su dimisión, el caso de José María Ángel Batalla es mucho más grave y podría constituir un ilícito penal: A diferencia de los cargos políticos, que no exigen ninguna titulación académica, el puesto de funcionario sí que lo exige y su falsificación puede constituir un fraude de ley. A este respecto, no hay que extrañarse ante el hecho de que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, haya anunciado que reclamarán a José María Ángel Batalla todo el dinero público que ha percibido durante décadas como funcionario de la institución y que la institución que dirige emprenderá acciones legales para anular su plaza.
Lo que es evidente es que el grado de envilecimiento de la vida pública a la que nos está llevando este gobierno parece no tener límites.