No paro de darle vueltas a las informaciones no desmentidas, más que inquietantes y repulsivas, que ligan a un ex presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, con unas actividades que, en cualquier otra nación de la tierra, serían consideradas como alta traición. Me refiero a su comportamiento con la organización terrorista ETA y a los hechos que desvelan las actas publicadas de sus conversaciones y negociaciones en las dos últimas semanas en varios medios de comunicación.
Recuérdese lo esencial de lo publicado y recogido en esas actas que escribió ETA para sí misma:
1) Un emisario de Zapatero avisó a ETA de que París planeaba un «golpe operativo importante».
2) Zapatero prometió a ETA no detener a sus comandos durante el alto el fuego.
3) Zapatero intentó parar el 'caso Faisán' en pleno alto el fuego de ETA.
4) El Gobierno de Zapatero ofreció dinero a ETA a través de una ONG si ponía fin al terrorismo.
5) Zapatero y Pumpido apartaron en 2006 a un fiscal clave para facilitar la negociación con ETA.
Dice Rosa Díez en su recentísimo libro, La sombra. Memoria histórica de Zapatero, que dedica un capítulo a esas actas: "Fue Zapatero quien concedió a ETA carácter de representación política al iniciar y culminar con la organización terrorista un proceso de negociación sobre cuestiones políticas, justamente aquellas por las que la banda asesinaba desde que instauró la primera de sus víctimas. Fue Zapatero quien amnistió políticamente a ETA, quien la legalizó al negociar con ella, de igual a igual —en el fondo y en la forma—, como si fueran representantes de los ciudadanos. Desde el marco legal hasta la actuación de la Fiscalía, el Tribunal Constitucional o las reformas territoriales que la banda terrorista exigía para «dejar de matar», todo estuvo sobre la mesa, todo fue objeto de debate y transacción.
Traigamos a la cabeza y al corazón los números de una tragedia. Han sido 853 los asesinados por la banda terrorista a lo largo de décadas, sobre todo durante la Transición. Los heridos ascienden a más de 2.600. Los exiliados vasco-navarros para escapar de su pena de muerte se estiman en 200.000. Es el resultado de los más de 3.500 atentados que sólo costaron a ETA 24 muertos en enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad, accidentes o atentados.
Subrayemos, una vez más, ahora que se habla tanto de sufrimiento de la población civil, que de los 853 asesinados, alrededor de 350 fueron civiles y que los 2.600 heridos, se calcula que sobre 1.200 fueron civiles. Y no se olvide, porque es imposible olvidarlo, que, de todos los asesinatos cometidos, más de 300 siguen sin ser esclarecidos ni juzgados. Esto es, hay familias de víctimas que no saben siquiera quiénes fueron los asesinos. En este marco fue cuando Zapatero decidió lo que decidió.
No estudié Derecho, pero sé leer. En el artículo 102 de la Constitución se alude a la responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno. Y en su punto 2 se concreta: "Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo." Y se añade que ni el Rey puede conceder medidas de gracia en caso de condena.
En el Código Penal actualizado, artículo 584, se escribe que "El español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional, será castigado, como traidor, con la pena de prisión de seis a doce años."
Léase ahora, de nuevo, todo lo que ya se ha dicho en este artículo sobre las actas de ETA y léase íntegramente el capítulo 8 del libro de Rosa Díez, que versa precisamente sobre esas actas que retratan el carácter y la índole moral de un ex presidente como Zapatero: "No hay infamia, traición, desviación ética o moral, particular o colectiva, grande o pequeña, que practique Pedro Sánchez y que no haya sido estrenada y puesta a prueba por José Luis Rodríguez Zapatero."
Sí, que sí. Que ha habido traición a la democracia, a los pactos contra el terrorismo suscrito con otros partidos, a las víctimas, al espíritu constitucional y a todo lo que se quiera. Pero, ¿y la traición a la misión de seguridad nacional de los militares, guardias civiles, policías y políticos – algunos de ellos socialistas -, asesinados, heridos o transterrados por causa de su defensa de la Nación y de su Constitución?
No sé si todo esto puede ser constitutivo de un delito de traición como el que especifican el Código Penal y la Constitución. Seguramente hay gente más que preparada para estudiar el caso. Pero a mí, que no paro de darle vueltas a la cuestión desde que leí lo que se testifica en esas actas de ETA, no me cabe duda de que estamos ante un ejercicio continuado de traición a la Nación española y a sus instituciones esenciales.
Y no, no me olvido de los colaboradores necesarios. Recuerden aquella pregunta de Arnaldo Otegui al escuchar la petición de prisión incondicional solicitada por la Fiscalía en 2005: "¿Esto lo sabe Conde Pumpido". Y no sólo él.
Hay cosas que no pueden quedar así. No deben quedar así.