Que una de las ministras más inútiles y prescindibles del amplio gabinete de Pedro Sánchez, la de Vivienda, doña Isabel Rodríguez, proponga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Comunidad de Madrid es una muestra de escasas luces difícilmente superable. Pero en estas que otra ministra, en este caso la vicepresidenta y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha doblado la apuesta y quiere aplicar el 155 a todas las comunidades, arrebatarles las competencias en materia de vivienda y aplicar un plan que atenta contra la Carta Magna por activa, pasiva y perifrástica.
Los partidos de izquierda son especialistas en adoptar una situación del tipo que sea y convertirla en un problema mayúsculo e irresoluble. Es lo que ha pasado históricamente con la vivienda. He ahí esa Ada Colau que iba a acabar con la especulación en Barcelona. Bajo su mandato subieron los precios de venta y de alquiler, continuaron los desahucios y se agudizaron las dificultades para el acceso a un piso ya fuera en calidad de propietario o de inquilino. Tal vez por eso sonó con fuerza para ministra de Vivienda después de las últimas elecciones generales. No lo habría hecho peor que Isabel Rodríguez porque es imposible hacerlo peor que alguien que no ha hecho literalmente nada.
En cambio, hacerlo peor que Yolanda Díaz es tremendamente complicado porque esta señora es hiperactiva en materia de proponer disparates, habilidad para la que cuenta con la experiencia, colaboración y asesoramiento de sus compañeros de partido en el Consejo de Ministros. Entre todos ellos y con el patrocinio de Pedro Sánchez se han propuesto acabar con el problema de la vivienda en España por la vía de acabar con las viviendas. Guerra a los constructores, límites a la propiedad privada, congelación y topes de alquileres, restricciones y más impuestos componen la fórmula que Sumar y el Gobierno detrás pretenden aplicar en toda España con la amenaza del 155 en las regiones que se opongan a tales extremos.
Del antecedente del 155 en Cataluña cabe recordar que el Gobierno del PP lo negoció con el PSOE porque no quería aplicar el artículo constitucional en solitario a pesar de que disponía de la mayoría necesaria en el Senado para intervenir la autonomía y zanjar la asonada antes de que se produjera. Y cabe recordar también que la medida se tomó en consideración 27 días después de la celebración de un referéndum ilegal y cuando el golpe de Estado era una sucesión de hechos consumados cuyo colofón fue la declaración de independencia en el parlamento autonómico casi un mes después del simulacro de votación.
A mayor abundamiento, el Gobierno hizo tanto por no humillar a los partidos golpistas y sus dirigentes que el 155 más que una medida de excepción fue una leve intromisión del Estado en algunas consejerías de la Generalidad para que dejaran de actuar como si Cataluña fuera un país independiente en vez de una región española. Y tan leve fue dicha intromisión que ocho años después en la Generalidad se sigue actuando como si Cataluña fuera un Estado en vez de una Autonomía.
Sea como fuere, que Isabel Rodríguez y Yolanda Díaz coqueteen con la idea de aplicarle a la Comunidad de Madrid el 155 para retirarle la competencia en materia de vivienda es un chiste casi tan jocoso como la última encuesta de Tezanos o las escaramuzas "humanitarias" de la flotilla antijudía de Colau y compañía. El 155 contra Isabel Díaz Ayuso. Y mientras tanto en Cataluña y el País Vasco...