Francesc Macià, aquel terrateniente de Lérida y coronel del Ejército español que fundó la Esquerra, además de por su notoria chifladura, ha pasado a la historia por una frase recurrente que siempre andaba en su boca: "la caseta i l'hortet" (la casita y el huertecito). A Gabriel Rufián, su inopinado correligionario en estos tiempos de caos y confusión, lo del huertecito parece que se le ha olvidado, aunque no la casita. Y bien está que eso lo siga teniendo presente. Así, Rufián, quien a día de hoy encarna al demagogo más celebrado y popular del Congreso, acaba de vindicar en sede parlamentaria que la Constitución garantice el acceso a una vivienda digna a todos los pobladores de un país que acoge a más de seiscientos mil nuevos habitantes procedentes del extranjero cada doce meses.
Bueno, como remedo humorístico de la consigna más memorable del 68 parisino – "seamos realistas, pidamos lo imposible"– no está mal. Rufián es un personaje que tendría una novela si no la hubiera escrito Juan Marsé, y hace más de medio siglo. Como el Pijoaparte, su alter ego literario, también él es un desclasado, alguien que ya no se relaciona con los de abajo sin que por ello lo hayan dejado de despreciar los de arriba. Si Rufián hubiera vuelto por Santako tras acceder al escaño, por ejemplo, sabría que los que aquí invierten en bitcoins son los pobres, no los ricos.
Aunque lo más revelador de su absoluta desconexión con las clases populares es el despiste cósmico que sufre en relación a la genuina naturaleza del rentismo inmobiliario en la España contemporánea; despiste cósmico que, por cierto, comparte con la portavoz Belarra, de Podemos. Y es que lo singular y específico de esa categoría del rentismo en nuestro país, sin duda un subproducto tardío de la política de vivienda del falangista Arrese, es su carácter predominantemente popular. Según los registros de Hacienda, el 15% de los hogares recibe rentas de arriendos inmobiliarios. O sea, en torno al 20% si contamos los que están en negro. Tendría que volver al barrio alguna vez.