La situación de los menores extranjeros no acompañados en España es una de las consecuencias más dramáticas del efecto llamada en materia de inmigración. El demencial buenismo de la izquierda, la ausencia absoluta de un modelo de gestión eficaz, el hecho de que se eviten por supuestas razones humanitarias las repatriaciones de estos adolescentes y jóvenes, el negocio que supone para todo tipo de organizaciones la custodia y tutela y el descontrol generalizado en relación a la edad e identidad de estas personas es pasto de toda clase de fraudes y disparates.
El colapso asistencial en Canarias, el reparto político por la península de estos adolescentes y jóvenes desamparados y la improvisación en todo lo relativo a este drama son las características principales en el tratamiento de un problema de unas dimensiones que no hacen más que crecer por la demagogia de las autoridades y por el sesgo populista tan generalizado en las políticas asistenciales.
Una operación de la Policía Nacional en Tarragona ha puesto de relieve un nuevo fraude en torno a la cuestión, la de las familias, generalmente de origen magrebí, que traen a sus hijos a España y los abandonan en las cercanías de una comisaría o de un edificio oficial para que se hagan pasar por criaturas desamparadas. Como es obvio, la primera obligación de las administraciones es hacerse cargo de estos menores. Pero también debería ser obligatorio aclarar las verdaderas circunstancias del abandono y proceder siempre que se pueda a la devolución a sus países y con sus familias.
Tras una investigación iniciada en 2023, el Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una trama de padres que abandonaban a sus hijos para que se beneficiaran de las prestaciones y servicios sociales como si acceder a un centro de atención a menores en España pudiera ser considerado como ingresar en un internado. Una vez obtenido el permiso de residencia de estos chicos, los trámites para la reagrupación familiar facilitaban la obtención de papeles de residencia para toda la familia.
La Policía ha detenido a treinta personas, ha devuelto a 22 menores a sus familias porque disponen de los recursos necesarios y en ningún modo se encuentran en situación de vulnerabilidad y calcula que sólo en la provincia de Tarragona podría haber 124 chicos abandonados falsamente, víctimas de unos padres sin escrúpulos más que sin medios y del mencionado efecto llamada, la infundada creencia de que en España todo es gratis porque la administración corre con todos los gastos. Esa especie es la que motiva a miles de jóvenes a arriesgar sus vidas en viajes espeluznantes y la que está detrás del fraude destapado por la Policía Nacional en Cataluña.
Esa pionera operación policial llevada a cabo por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales debería ser una de las pautas principales de la política de inmigración en España, así como las repatriaciones de los que sean mayores de edad y de aquellos con familia conocida. Las bolsas de fraude son inmensas y consumen recursos que deberían ir destinados a los niños, jóvenes y mayores verdaderamente necesitados. Sucede que España se ha convertido en un auténtico coladero, que al descontrol y falta de medios en las fronteras hay que sumar el hecho de que la atención a estos menores se ha convertido en muchos casos en un auténtico negocio a cargo de fundaciones con vínculos políticos, como en el caso de Cataluña y ERC.
Urge un cambio radical de perspectiva. Lo verdaderamente humanitario sería procurar que los llamados "menas" fueran devueltos a sus países y a sus verdaderos entornos familiares. Y en los casos en que no fuera posible, hacerse cargo de ellos con todas las consecuencias, proporcionándoles la atención y educación adecuadas en vez de limitarse a ponerles un plato en la mesa, una estancia en la que pernoctar cuando les venga en gana y una paga por no hacer nada.