Nunca pensé que iba a formular una proposición semejante a un empleado público, menos aún a un alto dignatario de la Administración del Estado. Afianzo lo que digo por el caso de la ministra de Trabajo y Economía Social, además de vicepresidenta Segunda del Gobierno, de España, Yolanda Díaz.
Hasta ahora, tras muchos años de navegar por el mundo profesional, académico, jurídico y de los medios de comunicación, estoy viviendo una nueva experiencia.
En todo este itinerario, nunca he encontrado, o al menos no lo recuerdo, un caso de constancia y tenacidad – para bien o para mal – en el oficio que ostenta, aunque con poca fortuna, como el de la ministra Yolanda Díaz.
¿Es una carencia mía, o esta carencia la comparte una buena parte de la sociedad española?
Sin hacer encuestas, eso se lo dejo al CIS, y aplicando aquella técnica que el pueblo ha referenciado siempre como "a ojo de buen cubero", me atrevo a opinar que nada me sorprendería que la mía fuese la opinión mayoritaria: la de suponer que, en el sector público, se trata de cumplir, pero sin excesos.
Al fin y a la postre, siempre existe el peligro de ser calificado por los compañeros más cercanos de estajanovista, que sería tanto como quedar incluido en la lista de condenados por delitos de lesa majestad. Aunque si me diesen a elegir entre el estajanovismo y la desazón, por aquella respuesta del vuelva usted mañana, a estas alturas, y en esta materia, no tendría dudas en elegir la segunda.
Ahora, al parecer, el Ministerio del que es cabeza responsable, está preparando un anteproyecto de ley para hacer nulos aquellos despidos que se adopten como represalia a los trabajadores que denuncien irregularidades o sospecha de corrupción en la empresa a la que prestan sus servicios.
Según los medios, ha iniciado un proceso de consulta pública, comprometiéndose a enviar un borrador a los agentes sociales, que por lo visto es la única opinión que le interesa a la señora ministra. Esto forma parte de su estilo personal: tarde, mal y según con quién. ¿No habría convenido, primero tener el borrador y después abrir la consulta pública, que tampoco es tan pública?
Ante el Senado, en la sesión de control al Gobierno manifestó: "vamos a hacer una reforma integral del despido para evitar las represalias ante denuncias de corrupción". De hecho, no hacía falta la iniciativa de la señora ministra y vicepresidenta Segunda, pues en la Ley de Protección del Informante de 2023, ya se impide la "suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba…" [Ley 2/2023 de 20 de febrero, B.O.E. núm. 44, de 21/02/2023, art. 36-a)]. ¿Es sólo afán de protagonismo de la señora ministra y vicepresidenta Segunda del Gobierno?
Por ello, en defensa de la tranquilidad de todos los españoles, se me ocurre recomendar un restablecedor descanso de quien tiene la autoridad, para no alarmar por lo que ya está establecido.