La tercera sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz -el primero que se celebra en la historia de España y Europa contra un fiscal general del Estado en el ejercicio de su cargo- ha tenido como protagonistas al ex líder del PSOE, Juan Lobato, y a la ex asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera.
Por mucho que Lobato haya querido proteger al PSOE contestando las preguntas de la acusación con evasivas y monosílabos, no ha podido negar el hecho de que el documento con los correos electrónicos de la negociación reservada entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso Julián Salto que mostró públicamente en la Asamblea de Madrid se lo pasó la ex asesora de Moncloa. Y aunque ahora no haya querido ratificar su sospecha de que este documento procedía a su vez de la Fiscalía, lo cierto es que esa sospecha de Lobato quedó reflejada en la misma contestación por email -en manos de la UCO- que le hizo a Sánchez Acera al recibirlo y, sobre todo, así como en el hecho de que, tiempo después, el entonces líder del PSOE madrileño se fuera a un notario para evitar cualquier implicación en un ilícito penal.
Llegados a este punto, la declaración más aclaratoria de lo sucedido debería haber sido la de la ex asesora y actual numero dos de los socialistas madrileños, pero Sánchez Acera ha tenido un poco creíble momento de desmemoria al no recordar quien le pasó a ella el pantallazo del correo del abogado del novio de Díaz Ayuso. Sólo ha dicho tajantemente que el wasap no procedía de la Fiscalía, sino "de un periodista" cuyo nombre no recordaba como tampoco recordaba el nombre del medio de comunicación para el que el supuesto periodista trabajaba. Para colmo, la ex asesora de Moncloa ha afirmado que no lo puede comprobar porque cambió el teléfono móvil y no conservó los mensajes de aquellos días.
Si tenemos presente que el propio fiscal General del Estado García Ortiz también cambió de móvil el 23 de octubre tras borrar mensajes el 16 -el mismo día que se inició la investigación-, nos podemos hacer una idea de hasta qué punto la desmemoria y el borrado de mensajes están sirviendo de base a la defensa de Garcia Ortiz en este asunto.
Aun así, es un hecho que existió una vulneración sin paliativos del articulo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece como pauta general de actuación "el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados". Y viendo tamaña falta de respeto al constitucional derecho a una tutela judicial efectiva, se entiende perfectamente la angustia expresada por García Amador durante la segunda sesión del juicio. Y es que, como ha recordado el novio de Ayuso, desde el presidente del gobierno, pasando por ministros, diputados y periodistas, muchos se han dirigido a él, gracias a esta ilegal revelación de secretos, como un "delincuente confeso".
El tiempo y los jueces dictaminarán si la desmemoria, el borrado de mensajes y el cambio de móviles son suficientes para absolver a Garcia Ortiz frente a la multitud de indicios que apuntan a su culpabilidad y que acumulados pueden tener en Derecho valor de prueba. Lo que parece innegable es que el Fiscal General del Estado parece estar al servicio del Gobierno con tanto descaro como el que muestra la mayoría izquierdista de los magistrados del Tribunal Constitucional, donde con toda seguridad terminará la causa si el Supremo lo condena. Y si no, al tiempo.