La condena del Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha desatado una oleada de ataques a la Justicia desde el seno del Ejecutivo socialcomunista. El propio presidente, de viaje oficial, ha hecho su aportación personal mostrando todo su "respeto y consideración" a un delincuente que, desde la cúpula del Ministerio Público, utilizó datos reservados de un ciudadano particular para ayudar al Gobierno en su guerra sucia contra Isabel Díaz Ayuso.
Dice Sánchez que la carta hecha pública por Álvaro García Ortiz "refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General todo este tiempo" y, en esta ocasión, no falta a la verdad. En efecto, García Ortiz ha quedado retratado como alguien que no dudó en utilizar sus prerrogativas oficiales para dañar al rival político contra el que el sanchismo se ha conjurado con mayor ferocidad. Desde esa perspectiva, la condena del Tribunal Supremo acota perfectamente "el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General", acreditándolo como el culpable de un grave delito que permanecerá indeleble en su carrera profesional.
La extrema izquierda coaligada con el sanchismo ha ido todavía más allá, profiriendo todo tipo de insultos y amenazas a los magistrados del Supremo, que han provocado con su sentencia la dimisión del Fiscal General del Estado. Yolanda Díaz, lideresa de los ultras que sostienen al Gobierno, se ha pronunciado de manera especialmente violenta, haciendo desde la televisión gubernamental "un llamamiento sincero a las gentes demócratas de nuestro país para que salgan a defender la democracia". La vicepresidenta del Gobierno mostraba así su apoyo a las manifestaciones presuntamente espontáneas celebradas en diversos puntos de España y, muy especialmente, a la que tuvo lugar a las puertas del propio tribunal, un hecho de especial gravedad que solo sucede en los sistemas dictatoriales que sirven de modelo a la ultraizquierda europea.
La vicepresidenta de un Gobierno democrático no puede hacer llamamientos de acoso y repudio a otro poder del Estado. El presidente del Ejecutivo, por su parte, debería reservarse su opinión personal en un asunto que compete al poder judicial, pero hablamos de una dirigente ultra admiradora de las peores dictaduras comunistas y de un presidente que se atreve a proclamar la inocencia de uno de sus esbirros cuando está siendo juzgado, lo que da una perfecta medida de la catadura política de los dos.
La condena de Álvaro García Ortiz y la brutalidad de las reacciones izquierdistas ante una sentencia que ni siquiera se ha hecho pública todavía ponen de manifiesto, finalmente, que el propósito del Fiscal General del Estado nunca fue "ganar el relato" en el caso de los problemas judiciales de la pareja de la presidenta de Madrid. Como reconocen implícitamente los dirigentes izquierdistas y sus periodistas de carril, el objetivo fue siempre dañar a Isabel Díaz Ayuso utilizando los medios y las prerrogativas del Ministerio Público, en una sucia operación que el Tribunal Supremo ha desmontado con su fallo.