A Jordi Pujol, ese anciano de 95 años que va a verse juzgado la semana entrante por la Audiencia Nacional, el único veredicto que personalmente le importa a estas alturas es el de la Historia. Una sentencia firme e inapelable, la que aún no ha dictado la posteridad sobre su figura, que en el ámbito territorial y moral de Cataluña va a resultar absolutoria casi con total seguridad. Certeza, la del perdón póstumo de los suyos, que no se puede hacer extensiva, sin embargo, a lo que vaya a ocurrir con el recuerdo oficial que se termine imponiendo en el resto de España.
Ocurre que todavía no ha transcurrido el suficiente tiempo como para que se pueda formular alguna conjetura verosímil al respecto. Simplemente, nosotros, la generación que tuvo ocasión de conocer al personaje en vida, no sabemos lo que ocurrirá con su legado. Por lo demás, no creo que la corrupción económica, tanto la suya personal como la de su familia inmediata, vaya a poseer un peso determinante a ese respecto; si así fuera, iba a resultar bien difícil, empezando por el padre de Felipe VI, salvar para las bibliotecas a la élite dirigente que llevó a cabo el tránsito entre la dictadura y la democracia.
Pujol, su memoria institucionalizada, puede que se acabe librando del oprobio en los anales por una circunstancia biográfica que no tiene tanto que ver con su propia conducta como con la del entorno colectivo que le rodeó bajo la dictadura. Porque el genuino vicio de origen de la democracia española no es que Juan Carlos accediera al trono merced a su condición de "sucesor de Franco a título de rey", sino la muy vergonzante ausencia de una oposición democrática real a la autocracia surgida de la guerra civil. La oposición fue muy poca y comunista; fuera de eso, casi nada. Y guste o no, Pujol encarna a uno de los escasísimos integrantes de aquel raquítico "casi". Ironías del destino, tal vez le redima a última hora el que, en Cataluña, nadie se hubiera opuesto a Franco de verdad.