Pedro Sánchez está sometiendo al sistema democrático y constitucional a una degradación constante y escalofriante. No ha habido en la historia de la democracia en España nadie que haya causado tanto daño a las instituciones y a la Nación como este presidente del Gobierno. Y, todo hay que decirlo, sus antecesores socialistas en la Moncloa se empeñaron con gran voluntad y acierto en debilitar la democracia, aprovecharse de los recursos del Estado y erosionar la arquitectura institucional de España. Pero Sánchez los supera con creces y aún puede alcanzar mayores cotas de ignominia sostenido por los enemigos declarados de España, los separatistas catalanes y vascos y la extrema izquierda.
Nada falta en el catálogo de la corrupción política, económica, moral y sexual socialista. Todos los delitos del Código Penal tienen cabida. De las mordidas al baboseo, del trinque en todas sus variantes a los abusos de poder y sexuales. Y tanto en el partido como en el Gobierno, prima el encubrimiento, la ocultación, la manipulación, las mentiras, los bulos y un doble rasero que añade más carga delictiva si cabe a las tropelías perpetradas en los entornos familiar y político de Pedro Sánchez, que es el nexo de unión entre todas las tramas delictivas, el punto en común sin el que nada de lo que sucede sería posible.
El desastre es de tal envergadura que los separatistas ya ni disimulan. Sostendrán a Sánchez contra viento y marea porque nadie les puede ofrecer todo lo que está dispuesto a dar el presidente del Gobierno para salir indemne de la fosa séptica en la que chapotea mientras van cayendo uno a uno todos sus peones, esa galería de "grandes desconocidos" que le llevó en volandas al poder con el único objetivo de enriquecerse aunque sea a costa de entregar España a quienes sin disimulo pretenden destruirla. No hay que insistir demasiado en este extremo. Se explica solo toda vez que los principales aliados de Sánchez son personajes de la calaña de Puigdemont, Otegi y Junqueras más las aportaciones de la extrema izquierda con Yolanda Díaz y Ernest Urtasun en cabeza.
Que Sánchez carece de vergüenza es cosa sabida. Tanto le da que encarcelen a sus secretarios de organización o que registren los ministerios a la búsqueda de los amaños de sus amigos, de los componentes de su círculo, de aquellos que le desbrozaron el camino a la Moncloa. Pero si fue Ábalos quien defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy por corrupción. La condena de su exfiscal general, Álvaro García Ortiz, ya está amortizada. Si ese pobre hombre se inmoló en nombre del presidente, es su problema. Tampoco le importan ya ni Cerdán ni Salazar, el expresidente de la Diputación de Lugo, el jefe del partido en Torremolinos, el expresidente de la Sepi y quien venga detrás. Acabará por negar a María Jesús Montero, sobre quien se estrecha el cerco.
Nada ni nadie está a salvo de la toxicidad de Pedro Sánchez y su entorno. Empezando por la familia y siguiendo por los componentes de la banda del Peugeot. Han vejado y corrompido todo aquello sobre lo que han posado la mirada. Llegaron al poder invocando la lucha contra la corrupción, cosa que ya resultaba sospechosa porque ya entonces se sabía de dónde venía Sánchez y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Aquella presunción de honradez era tan obscena, tan impostada y tan falsa que no es ninguna sorpresa lo que está ocurriendo. Al contrario, lo sorprendente es que no haya más denuncias, más investigados, más detenidos y más registros.
De lo visto hasta ahora no se deduce que Pedro Sánchez vaya a tomar nota y dar la palabra a la sociedad española. Su horizonte judicial es tan negro que no es en absoluto descartable que se esfuerce aún con más ahínco en la ruptura de la democracia, tal como le piden Otegi y Puigdemont. Es más, cada diligencia judicial le refuerza en el propósito de salvarse a toda costa, aunque eso implique fomentar el enfrentamiento y la crispación, esa receta del formulario socialista que según Zapatero tanto les conviene. Quienes niegan la deriva autoritaria de Sánchez o bien son cómplices o se niegan a ver la realidad, ese golpe de Estado sin matices que pilota el presidente del Gobierno y cuyo ensayo fue el "Procés", una asonada desde la misma Generalidad. Aquí se trata de asaltar el Poder Judicial, gobernar sin las Cortes y sostenerse sobre los hombros de quienes celebraban los asesinatos de la banda terrorista ETA y de quienes dieron un golpe de Estado en Cataluña en 2017. Con semejantes compañías, colocar a las amantes en las empresas públicas o recurrir a los servicios de fontanería de Leire Díez es verdaderamente poca cosa.
Los socios de Sánchez y el propio Sánchez consideran que la Constitución es papel mojado, que las leyes están para saltárselas a conveniencia, que la separación de poderes es un estorbo y que los jueces deben estar a sus órdenes. La ley de amnistía es el ejemplo más evidente. Y es parte del plan golpista degradar la vida pública y la política para dar paso a un régimen plurinacional y socialista. En la estampida sanchista, unos meten mano a los jueces, otros en la caja y otros se bajan la bragueta. A medida que emerge la inmensa corrupción más clara está la intentona. Romper España es la única salida que le queda a Sánchez. Se lo escribió Puigdemont en un artículo en el periódico del Gobierno. Intentar impedirlo debe ser el objetivo de cualquiera que se pretenda demócrata.