El proceso catalán en versión ferroviaria

La mayor parte de las infraestructuras ferroviarias de Cataluña presentan un aspecto impropio de una región mínimamente desarrollada. El mantenimiento, cuando se da, es mínimo, pura cosmética para disimular la ausencia de inversiones, lo que agudiza el deterioro de las instalaciones y del tendido ferroviario esencial para la movilidad diaria de casi medio millón de ciudadanos. Garantizar un transporte ferroviario seguro y fiable nunca ha sido una prioridad para los gobiernos nacionalistas y de izquierdas que se han repartido la Generalidad desde 1980 hasta hoy. Tampoco para los Gobiernos del PSOE.

El servicio de cercanías, llamado "Rodalies" en Cataluña, comenzó a ser un problema a mediados de la primera década de este siglo, cuando se tendría que haber acometido una renovación y adecuación integral de vías y servicios que se dejó para más adelante. En las carpetas abiertas entre los sucesivos gobiernos nacionales y la Generalidad "Rodalies" no existía. Se hablaba de la alta velocidad, de la conexión con París, del corredor mediterráneo para el transporte de mercancías y de una gran estación, La Sagrera, que lleva tres décadas de obras hasta el punto de que se la conoce como la Sagrera Familia.

Se hicieron planes y más planes, pero ninguno relativo al derecho a un transporte público de cercanías consistente, eficaz, puntual y a la altura de los impuestos que pagan los contribuyentes. El proceso separatista no contribuyó precisamente a mejorar el servicio ni a restaurar las infraestructuras. Cuando Mas, Puigdemont o Torra hablaron de los trenes fue para ponerlos como ejemplo de las carencias de España. Jamás hicieron nada para revertir la situación. Usaban el mal servicio de Renfe y Adif como argumento para la independencia.

En 2010, siendo presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y presidente de la Generalidad José Montilla, se llevó a cabo un traspaso del servicio de cercanías. En virtud de ese acuerdo entre dos ejecutivos socialistas, la Generalidad pasaba a ser competente para definir horarios y frecuencias, para fijar las tarifas, para establecer contratos programa con Renfe y aplicar sanciones por incumplimientos y responsable de la atención al cliente, la gestión de la información y la calidad del servicio.

Los trenes quedaban en manos de Renfe y las vías, en las de Adif. Pero la Generalidad disponía de un amplio abanico de competencias. Tenía muchas herramientas de gestión. Es cierto que los trenes los ponía una operadora dependiente del Estado y que la infraestructura también era estatal, pero el gobierno del tráfico ferroviario de cercanías en Cataluña era y es de la Generalidad. Se limitaron a explotar la taquilla y a cambiar de nombre el servicio, de Cercanías a "Rodalies".

Como es habitual entre los gobernantes catalanes, sean nacionalistas o socialistas, su especialidad es la de exigir más y más dinero y echar la culpa de todos sus fracasos y fiascos a los demás. Pero el caos de los últimos días, tras el accidente ferroviario que le costó la vida a un joven maquinista en prácticas, es un compendio manifiesto de incompetencia y populismo a partes iguales de socialistas y separatistas.

Dos días después de la tragedia de Adamuz y nada más constituirse una empresa mixta entre la Generalidad y Renfe para el traspaso de los trenes de cercanías, un muro caía sobre la vía, mataba a un trabajador y hería a 39 personas, cinco de ellas de gravedad. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y las extensiones mediáticas de los gobiernos nacional y autonómico culpan a la fatalidad y al cambio climático, a un temporal en pleno invierno. Pretenden desviar la atención sobre la falta de mantenimiento, sobre el abandono de las infraestructuras tanto ferroviarias como viarias. El muro separaba la AP-7, también conocida como la Autopista del Mediterráneo, de la línea ferroviaria.

Según Óscar Puente, la acumulación de agua fue la causante de la "fatalidad". Nada que decir sobre la acumulación de incompetencia y la acumulación de abandono, acumulaciones que mantienen cortada la autopista en sentido sur desde el día después del accidente ferroviario ante el temor de que el asfalto se hunda y cause una tragedia aún más grande.

Gobernar sin presupuestos tiene consecuencias. Y más aún gobernar de cara a la galería. Las infraestructuras hay que mantenerlas, no sólo inaugurarlas después de que una banda de secretarios de organización se forre a base de mordidas. Sucede que las obras de mantenimiento no se inauguran. Y seguramente dejan menos dinero en comisiones que la obra nueva. La corrupción mata. Desviar fondos, inflar presupuestos, pagar y cobrar sobornos y ese tipo de actividades va en detrimento de las inversiones en seguridad, actualización y calidad. Las carreteras hay que cuidarlas. Igual que las vías del tren. De lo contrario hay muertos.

Lo sucedido en Adamuz y en Cataluña estos días refleja a la perfección ese deterioro imparable, esa profunda crisis, la decadencia de un país sometido al dictado de los incompetentes y los corruptos, de socialistas y separatistas que asaltan, parasitan y destruyen todas las instituciones, empresas y entes públicos bajo su control. Correos, Renfe, Adif... Grandes empresas destrozadas por personajes como José Luis Ábalos, Koldo García y ahora Óscar Puente.

Dos días sin trenes, una autopista europea cortada en sentido sur sin fecha de reapertura, cientos de miles de ciudadanos abandonados y unos maquinistas que se niegan a jugar cada día a la ruleta rusa con su vida y la de sus pasajeros. Hasta hace dos días esos incompetentes se reían de Mazón. La responsabilidad del gobierno de la Generalidad en este desastre no se limita al periodo de Salvador Illa. Va mucho más atrás y afecta tanto a Junts como a ERC. Los nacionalistas han gobernado durante tantos años la región que habrían podido construir decenas de redes ferroviarias e inaugurado cientos de miles de kilómetros de nuevas vías con la décima parte del dinero que han empleado en que se diga "Rodalies" en vez de Cercanías.

En la catástrofe catalana confluyen personajes patológicos y circunstancias muy desgraciadas. El presidente de la región es Salvador Illa, el ministro de Sanidad de la pandemia. Su principal aliado es el golpista indultado y amnistiado Oriol Junqueras, presidente del partido que se ocupa de la atención a los menores en Cataluña. Y la oposición la ejerce Carles Puigdemont, el golpista prófugo que sostiene a Pedro Sánchez. Pero cómo van a funcionar los trenes...