Martes negro para el gobierno: El mismo día que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra el negligente y mentiroso ministro de transportes, Óscar Puente, por el descarrilamiento en Adamuz, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cosechado una estruendosa derrota parlamentaria en su intento de sacar adelante el decreto ómnibus que mezcla la subida de las pensiones con otros asuntos que nada tienen que ver, como las ayudas a la compra del coche eléctrico o la prórroga de la prohibición de los desahucios por impago del alquiler.
Es precisamente este "chantaje" de empaquetar asuntos muy dispares en un texto indivisible y en una sola votación lo que ha provocado que Junts haya vuelto a dejar en la estacada al PSOE y le arrastre a su primer batacazo parlamentario de 2026 al unirse a PP y Vox votando en contra.
Es cierto que el Ejecutivo salva al menos la prórroga de las ayudas al transporte público con las que el gobierno tapa pero no solventa la falta de inversión y clamorosa negligencia en este campo, pero lo cierto es que el Ejecutivo tendrá que rectificar su órdago consistente en plantear en un decreto ómnibus la subida de las pensiones y, tal como ya ocurrió el año pasado, plantearla más adelante por separado.
Lo que resulta por enésima vez en evidencia son las pulsiones antidemocráticas de un presidente del gobierno que rechaza convocar elecciones a pesar de la frecuentísima falta de apoyos parlamentarios incluso para sacar una ley tan importante como es la de presupuestos. Es más. Esta derrota parlamentaria no nos debería ocultar lo que el gobierno está sacando adelante a espaldas del parlamento, como es la regulación masiva de más de medio millón de inmigrantes ilegales.
Esta legalización masiva de inmigrantes ilegales, pactada con Podemos y aprobada mediante Real Decreto, evitando así el trámite de convalidación en el Congreso, no es sólo una burla al Poder Legislativo, sino que agravará más el problema de la sanidad, la vivienda y la seguridad. A este respecto, cabe destacar la contundente critica de los sindicatos policiales que alertan del "efecto llamada" y el aliento para las mafias y del riego a la seguridad que conlleva esta medida.
Sus defensores alegan que todos los gobiernos anteriores han hecho regulaciones de inmigrantes, pero lo cierto es que ninguna de las aprobadas por González, Aznar o Rajoy -incluso las de Zapatero- han sido tan masivas ni tan exentas de condiciones como las que nos ocupa, que prácticamente es una barra libre. Pero, sobre todo, los errores de tus antecesores te dan una oportunidad de corregirlos no el derecho a incidir en ellos.
Lo que es evidente es que con tal de seguir en la poltrona, Sánchez está dispuesto incluso a burlarse de una mayoría de votantes del propio PSOE, que es partidaria de la deportación de inmigrantes ilegales no de su regulación masiva. Y es que este presidente del gobierno, que está dispuesto a gobernar a espaldas o incluso en contra del parlamento, llegaría incluso a cesar a su amigo Oscar Puente como ministro antes que convocar elecciones anticipadas.