El expresidente del Gobierno socialista ha reconocido haber cobrado casi medio millón de euros del empresario Julio Martinez, contratado por la Aerolínea Plus Ultra para facilitar los negocios de la compañía con la dictadura venezolana, por ciertas labores de consultoría sobre las que no ha concretado extremo alguno. A estos efectos es preciso señalar que la empresa de Martínez, Análisis Relevante, carece de infraestructura o empleados, su principal proveedor ha sido el ex presidente español y que los trabajos de intermediación llevados a cabo culminaron con un rescate de 53 millones de euros procedentes del presupuesto público, en cuya tramitación ejerció un papel relevante el círculo más estrecho de Pedro Sánchez.
Son demasiadas incógnitas las que se ciernen sobre los negocios de Zapatero en el entorno chavista como para que puedan ser despachadas a la ligera, con el argumento de que los cobros se declararon al fisco de manera correcta. Porque lo que se cuestiona aquí no es la legalidad de esa importante suma de dinero; sino si resulta adecuado que un ex presidente del Gobierno esté realizando labores de intermediación con una dictadura para beneficiar a una empresa, que es, finalmente, rescatada con dinero de todos los españoles.
El cliente de Zapatero, por otra parte, está siendo investigado por la Justicia española acusado de blanqueo de capitales, otra circunstancia que agrava la situación del ex presidente español, dedicado intensamente a blanquear a la dictadura chavista en los foros internacionales a cambio, como hemos visto, de importantes emolumentos. A estos efectos conviene recordar también el llamativo encuentro de Zapatero con Julio Martínez en una zona del monte sin cobertura telefónica, pocos días antes de que el polémico intermediario fuera detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
La inspección de la Agencia Tributaria, que con tanto celo persigue a los contribuyentes por cuestiones desde luego mucho menores, debería indagar sobre las andanzas financieras de Zapatero y sus labores de mediación con dictaduras corruptas y empresas rescatadas con el presupuesto español, tal y como ha sugerido acertadamente la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al margen del reproche jurídico que puedan tener estos comportamientos, la sociedad española tiene que conocer los beneficios, legales o no, que le han proporcionado a Zapatero sus tareas de blanqueo de una dictadura corrupta que, afortunadamente, parece estar dando sus últimas boqueadas.