Los españoles hemos podido comprobar este martes hasta qué punto el gobierno está abocado a dedicar buena parte de su tiempo a tratar de abordar el caos que el mismo Ejecutivo ha provocado ya sea en el ámbito de las pensiones, de la vivienda, de los transportes o de la inmigración: Tras la colosal irresponsabilidad y artera maniobra de la semana pasada de presentar en un único texto legal la subida de las pensiones junto a más de ochenta medidas que nada tienen que ver entre si -el célebre decreto ómnibus rechazado en el Congreso por la mayoría parlamentaria conformada por PP, Vox y Junts-, el Ejecutivo se ha visto obligado a anunciar este martes que presentará dicha subida de las pensiones por separado. De haberlo hecho desde un primer momento, además de haberlo logrado aprobar, se hubiera ahorrado tener que incurrir en una mentira de tan cortas patas como la de que "la derecha no quiere actualizar las pensiones a los jubilados" tanto como hubiera ahorrado a los pensionistas un bochornoso espectáculo que si no les ha llenado de zozobra es por su seguridad en que el gobierno mentía y rectificaría, tal y como finalmente ha hecho en un lamentable espectáculo que el gobierno repite por segundo año.
En el caso de la irresponsable prórroga de la ya de por sí irresponsable e injusta prohibición de los desahucios de los okupas e inkiocupas, que también anidaba en ese totum revolutum del decreto ómnibus, se puede decir que el Gobierno no acierta ni cuando rectifica. Es cierto que el gobierno ha accedido, tal y como le solicitaba el PNV, a que los propietarios de menos de tres viviendas si puedan desahuciar a quienes la han ocupado sin contrato o a los arrendatarios que no les pagan. Sin embargo, esta modificación, que para colmo no es del agrado de la extrema izquierda que representa Sumar y Podemos, sigue siendo un atentado a la propiedad privada de más que dudosa constitucionalidad, que, precisamente por contribuir a la inseguridad jurídica en el ámbito del alquiler, va a seguir disuadiendo a los propietarios de casas vacías a ponerlas en arriendo. ¿Quién va a querer alquilar su casa -por muchas casas que tenga- a quien considerándose o considerándolo el gobierno "vulnerable" puede en cualquier momento dejar de pagar el alquiler sabiendo que nadie lo va a poder desahuciar? Esta medida es, además, insuperable muestra de la necedad o hipocresía de la izquierda que presume de "sensibilidad social" o de "escudo social" aun cuando el coste de tener un okupa o un inquiokupa en una vivienda no lo pagan los gobernantes ni siquiera los contribuyentes sino los propietarios a los que este gobierno los somete a un estado de indefensión. Si a esto sumamos, los obstáculos institucionales a la edificación del suelo -el 96% del suelo no es edificable en España- , la falta de libertad contractual y la voraz presión fiscal del gobierno nos podemos hacer una idea del caos en el ámbito de la vivienda que cada vez es más inaccesible para comprar o alquilar bajo el imperio de la ley.
En cuanto a los transportes, es cierto que el negligente y mentiroso ministro Óscar Puente no para de dar ruedas de prensa en relación al caos ferroviario que ha provocado sus oídos sordos a las advertencias que se le hicieron en el pasado y su irresponsable decisión de reducir la inversión en el mantenimiento de la red ferroviaria en más de un 40 por ciento. Sin embargo, eso no ha impedido la manifestación de protesta del sector de este martes ni la huelga que se celebrará este mismo mes por parte de los maquinistas. Y es que el primer paso que tendría que dar el Gobierno para afrontar el caos ferroviario que ha provocado su indolencia e irresponsabilidad sería cesar al ministro de transportes.
Finalmente, este martes hemos podido presenciar el caos que ha provocado en numerosos consulados en toda España la irresponsable regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes ilegales aprobada la semana pasada por el Gobierno al margen del parlamento. A las interminables colas que se produjeron en el Consulado de Pakistán nada más hacerse el anuncio, le han seguido las avalanchas ante el consulado de Argelia en varias ciudades, incluida Alicante donde la policía ha tenido que intervenir para frenar los daños en los aledaños. No contento con rechazar las deportaciones, tal y como recomienda la UE, y no tener en cuenta el "efecto llamada" que esta regularización, prácticamente incondicional y masiva, está ya produciendo, el gobierno tampoco ha previsto o no ha querido prever el "efecto colapso" que esta regularización masiva iba a tener en los consulados, por no hablar del efecto que también tendrá en el ya de por sí tensionado y mencionado mercado de la vivienda.
Con todo, ningún caos es excesivo para Sánchez si lo generan unas medidas que le ayuden a que sus socios de investidura le mantengan en la poltrona. Porque de eso, y no de otra cosa, se trata: De resucitar a Frankenstein.