Vox sostiene que la finalidad de la regularización de inmigrantes que pretende el Gobierno es la de alterar el sesgo del censo electoral en favor de la izquierda. Es lo que Abascal llama "el reemplazo". En Podemos, reconocen que es precisamente eso, provocar un reemplazo, lo que quieren. Los medios de comunicación "serios" desmienten el bulo y aclaran que los inmigrantes que consigan la residencia legal no podrán votar y que, por lo tanto, en ese sentido, nada tienen que temer quienes crean que los inmigrantes regularizados alterarán los resultados electorales.
Como siempre, hay verdad y mentira en ambos lados. Es verdad que los inmigrantes que han conseguido o que consigan la residencia no pueden votar, salvo en las municipales y en régimen de reciprocidad. Pero también lo es que esos inmigrantes, con el transcurso del tiempo, podrán conseguir la nacionalidad española y, por tanto, el derecho al voto. Bastará un año de residencia legal cumpliendo otros requisitos. Serán necesarios dos, si son originarios de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o si son sefardíes. O cinco, si han obtenido la condición de refugiado. O diez, sin necesidad de cumplir ninguna otra condición.
Es discutible que estos nuevos electores tengan que ser necesariamente de izquierdas, aunque eso sea lo que dan por hecho Vox y Podemos. Pero, si Santiago Abascal y Pepa Millán están realmente convencidos de lo que dicen, tienen muy fácil evitar el temido reemplazo del que hablan presentando una proposición de ley de modificación del artículo 22 del Código Civil en la que se suprima la adquisición de la nacionalidad española por residencia o en la que se alarguen los plazos en la medida que les parezca. Endurecer los requisitos de acceso a la nacionalidad y, por ende, al voto, es algo que podrían apoyar muy bien el PP y Junts. Estos últimos, aun estando preocupados solo por Cataluña, saben que, hoy por hoy, los inmigrantes acceden a la condición de catalanes residiendo en Cataluña y adquiriendo la nacionalidad española. Si quieren restringirlo, la única forma es no introducir en la propuesta ninguna regla que necesite la autorización del Gobierno por suponer un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios (art. 134.6 de la Constitución).
Llevamos dos años y pico de legislatura. Vox ha centrado todo su discurso en oponerse a la inmigración. Es verdad que entorpecer la nacionalización de los inmigrantes no evitará que lleguen, ni que colapsen los servicios públicos, como denuncia Vox que ocurrirá. Pero sí evitará uno de los efectos perversos que dicen temer, que es el de que engorden el caldero de votos de la izquierda. Entonces, ¿por qué no presentan esta proposición de ley? Pues porque Vox hace política solo en negativo, llamando la atención de sus electores sobre las cosas que no les gustan que se hacen, acusando además injustamente al PP de ser cómplice de la izquierda en ellas. Pero se niegan a hacer nada en positivo por temor a la pérdida de votos que pudiera acarrear la propuesta. En esto de negar la nacionalidad a los inmigrantes que residen legalmente en España o de endurecer su nacionalización, podrían encontrarse con la oposición, por ejemplo, de movimientos católicos próximos a ellos en otras cuestiones. Bien. Pero que no se quejen del reemplazo que dicen que pretende la izquierda porque podrían intentar evitarlo y no hacen nada al respecto.