Como supongo que sabrá el lector, salvo en el Reino de España, no existe ningún otro país de Occidente, ni en Europa ni mucho menos en los Estados, donde los extranjeros que accedan de forma ilegal a residir en el interior de sus fronteras disfruten del inaudito derecho de poder empadronarse en los registros oficiales de cualquier ayuntamiento, el que ellos elijan según les indique su libre albedrío. Y es que esa conjetura resultaría inimaginable en otro Estado que no fuese el español, toda vez que el simple acto administrativo de empadronarse lleva asociada la posibilidad de gozar de un amplio abanico de servicios públicos gratuitos, tales como la sanidad, la educación y multitud de ayudas sociales.
En lógica consecuencia, la norma universal, excepto en el muy extravagante caso de España, exige que el permiso de residencia constituya condición previa para lograr el posterior empadronamiento en alguna localidad del país en cuestión. Yo confieso que nunca me había preocupado por estos temas hasta que el año pasado, tras haber permanecido unos meses en Galicia, descubrí a mi vuelta a Barcelona, ciudad donde oficialmente habito, que cierto Mohamed andaba tramitando ante el Ayuntamiento el papeleo para empadronarse en mi casa. Desde aquel día, como comprenderán, presto más atención al asunto. Y de ahí que me haya movido para averiguar de dónde procede esa norma disparatada.
De entrada, el piloto automático de la simple intuición me llevó a pensar en el paso de Podemos y Pablo Iglesias por la sala del Consejo de Ministros. Pero, para mi sorpresa, los de Podemos no tenían nada que ver con esa definitiva aberración jurídica; y tampoco el PSOE, por cierto. ¿De dónde surgió entonces la prerrogativa legal que permite a un senegalés embarcarse en una patera y, tras arribar a la península, empadronarse en el ayuntamiento que le caiga más cerca de la costa? Bueno, pues esa definitiva locura fue cometida por la Dirección General de Cooperación Local, organismo dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, por más señas en el año 1996, siendo ministro del ramo un tal Mariano Rajoy Brey.