De todas las aberraciones del zapasanchismo, la peor ha sido legislar sobre la memoria que pueden tener y expresar públicamente los ciudadanos sobre hechos históricos de su país. Al principio, fue sobre la guerra civil, forma insidiosa de atacar la Transición y que los blanditos del PP acogieron con tibia resignación, en vez de salir a la calle recordando la terrorífica historia criminal del PSOE, un partido que, salvo una breve temporada durante el felipismo, ha perpetrado toda clase de atentados, crímenes y asaltos al Poder legítimo cuando no lo tenían, culminando su trayectoria al llevarnos a la Guerra Civil para conservarlo a tiro limpio, y sucio, para siempre jamás.
Pero siempre es posible ir más lejos en el despotismo, la corrupción de las leyes y la imposición de códigos de conducta aberrantes en la vida pública. Legislar sobre aspectos propios de la vida privada como la memoria invade el ámbito sagrado de la privacidad, referente esencial de la libertad. En la práctica, anula todos los derechos, incluidos los de la vida y la propiedad, base de todos los demás en todas las constituciones liberales del mundo. Las totalitarias, en cambio, imponen el respeto al régimen como clave de bóveda de la legalidad vigente. Algunas lo exhiben y otras, simplemente, lo aplican, persiguiendo, desde la Revolución Francesa, a los desafectos, para lo que sólo era precisa una denuncia. Y de ahí, a la tortura y a la guillotina.
Prevaripumpido al ataque
Lo que pretende el mayor prevaricador de la historia de España, el peor enemigo de la nación y su libertad, es poner la memoria en la Constitución como derecho para imponerla como obligación, prohibirla para quedársela en exclusiva. Si los nacionalistas catalanes pusieron negro sobre blanco un cosmético "derecho al paisaje", arbitrariedad difícilmente medible, aunque no más absurda que el "derecho a la vivienda" en la teóricamente vigente del 78, Prevaripumpido, quiere ir más lejos, establecer el Derecho a la Memoria, que nadie ha discutido nunca en ninguna constitución liberal, de ahí que ninguna lo consigne, pero con la clara intención de perseguirlo.
El sicariato judicial de Sánchez, que encabezan el Prostitucional de Cándido y la Fiscalía General Particular de Sánchez, que preside Peramato o Porlélmato –se entiende que él es Él, Sánchez– quiere asegurar la vigencia de la Ley contra España y la democracia que, de acuerdo con Sánchez y como Ley de Memoria Democrática, redactaron los pistoleros de la ETA. Y ese sería su mérito para ser miembro permanente del Consejo de Estado.
Por supuesto, para vigilar la memoria etarra y sociata habría que crear un tribunal especial, también anticonstitucional –pero qué es el pumpidismo sino eso– a cuya cabeza podría estar Baltasar Garzón, el juez prevaricador. Esta técnica de convertir en derechos simples hechos que no requerirían legislación especial es la marca de fábrica del Cartel de Puebla, el tinglado narco-comunista de Zapatero, Podemos, los comunismos varios y el propio Garzón, jurista a coces y fiscal de lo que se tercie al servicio del que pague.
Violencia en la calle y una maraña legal contra el Gobierno de derecha
Los optimistas creen que Sánchez convocará elecciones cuando vea en el horizonte una ocasión de movilizar a la Izquierda, como la guerra de Irán, pero aparte de que no podía vivir mejor ni más atrincherado que en la Moncloa, el tiempo que ande ramoneando hasta las elecciones andaluzas, luego las municipales y después ya veremos, en estos meses, si no años, de la basura Sánchez irá colocando minas legales que puedan estallar contra un Gobierno PP-Vox, y que, junto a la movilización violentísima en Navarra, País vasco y Cataluña, deberían paralizar su acción política.
¿Y en qué podría ayudar a la subversión, porque de subversión hablamos, meter a viva fuerza en la Constitución la llamada Memoria Democrática? Basta recordar su origen: la condena del franquismo que habría sobrevivido en los nombres de calles y plazas, y que no habría desenterrado todos los muertos anónimos de las fosas comunes, por culpa de la Transición, que equiparó y amnistió a los dos bandos de la guerra civil, qué barbaridad.
Atentos al relato deslegitimador
En el mejor de los casos, si cambia el gobierno antes de que la izquierda pueda presentar este proyecto maoísta y polpotiano para la Carta Magna, el rechazo a la tramitación se vestiría con la túnica del antifranquismo, la única inconsútil de su arsenal ideológico. Y aun derrotada en las Cortes, sería pieza clave en lo que suele llamarse el relato o la narrativa, es decir, la propaganda contra el nuevo gobierno, que contaría, sin duda, con mucho apoyo exterior, para eso está la Leyenda Negra, que no entiende de siglos.
Y ante el ruido exterior, si el gobierno de Feijóo sale tan cobardón como el de Mariano Natillas que, en vez de derogar la Ley de Memoria Histórica, como había prometido, se limitó a privarla de fondos, es de temer algún enjuague birrioso como la Ley de Concordia de los maricomplejines. Así que la guerra contra esta ideíca de Pumpido, Balta y los Begoños, tiene que empezar antes de que la lleven al papel y al Congreso, que la llevarán. Hay que deslegitimar de raíz a los que quieren deslegitimar la alternativa.