Marcela tiene una farmacia en una ciudad mediana. Un negocio familiar de los de toda la vida, levantado a base de constancia, esfuerzo y márgenes cada vez más estrechos. Hoy, sin embargo, está al límite. Tiene a dos trabajadoras de baja y teme que, si el tribunal médico da el alta a alguna de ellas, esta encadene las vacaciones con una nueva baja por una dolencia distinta. Y entretanto, su empresa sigue abonando ad eternum las cotizaciones sociales de dos empleadas que no trabajan. Lo que para el Estado es una estadística, para muchos autónomos y pequeños empresarios se ha convertido en una condena.
No obstante, el coste de las incapacidades temporales comienza a ser una también una pesadilla para el erario: según los datos de la Seguridad Social, su factura ha pasado de 9.500 millones en 2019 a unos 17.000 millones en 2025, casi un 80% más. De hecho, si tenemos en cuenta la inflación y el incremento de la población, el coste per cápita en términos reales para el Estado se ha incrementado cerca de un 40%.
También para las empresas los gastos se han disparado. Al tener que abonar las cotizaciones sociales –que suponen cerca de un tercio del salario– el coste directo de las incapacidades temporales ha pasado de 8.228 millones de euros en 2019 a 16.116 millones en 2025. Casi un 96% más.
Las causas de esta brusca subida en un plazo tan corto de tiempo son variadas: la reforma laboral, que dificultó enormemente despedir a nadie por encadenar bajas y hasta prohíbe al empleador preguntar sobre la dolencia; los buenos resultados del mercado laboral, que han hecho tener menos miedo a perder el empleo; el deterioro de la sanidad, que ha alargado espectacularmente los tiempos para realizar pruebas diagnósticas…
Lo cierto es que esta deriva está causando un enorme daño tanto a las finanzas públicas como a nuestros sectores productivos, por lo que urge tomar medidas que corrijan el rumbo. En esta línea, considero que hay dos soluciones que se podrían implementar y que atajarían buena parte del problema.
En primer lugar, implantando en nuestro mercado laboral la mochila austriaca. Es decir, un sistema en el que la empresa va aportando mes a mes una pequeña cantidad a un fondo individual a nombre del trabajador, de modo que la compensación por la extinción del contrato no aparece de golpe al final, sino que se ha ido financiando gradualmente durante toda la relación laboral. Así, cuando esta termina, el trabajador conserva ese derecho económico acumulado y la empresa no tiene que afrontar de repente una indemnización que puede resultar inasumible.
De este modo, cuando una relación laboral se cronifica en términos inviables –por ejemplo, por el encadenamiento constante de bajas–, la compañía puede corregir la situación sin quedar atrapada por una penalización desproporcionada. No se trata de desproteger al empleado, sino de reemplazar un sistema rígido y disfuncional por otro más racional para ambas partes.
En segundo lugar, creando un circuito específico de medicina del trabajo similar al que se encuentra vigente en Países Bajos. En este, las dolencias que den lugar a baja laboral no quedarían diluidas en el atasco general del sistema sanitario, sino que dispondrían de un cauce propio con profesionales, pruebas diagnósticas y revisiones orientadas no solo a curar al paciente, sino también a determinar con mayor rapidez su capacidad real para trabajar y a facilitar su reincorporación. Lo que no tiene sentido es que muchas bajas médicas se prolonguen hasta los 18 meses –momento en el que es obligado pasar el tribunal médico– simplemente porque el trabajador no ha sido atendido con la diligencia debida, obligando al Estado y a la empresa a asumir el coste de esa incapacidad, cuando una gestión sanitaria más ágil habría evitado buena parte del problema.
La cuestión es que España no puede seguir tolerando un sistema que convierte la enfermedad en un limbo, la incapacidad temporal en una rutina y la ineficiencia de de la administración en una penitencia para quien produce. Permítanme ser claro: no hay justicia social en un Estado que castiga al empresario que sostiene el empleo y obliga al contribuyente a financiar indebidamente las consecuencias de su propia ineficacia. De seguir así y no hacer nada, corremos el riesgo de gripar al mercado laboral y a nuestras finanzas públicas de forma irreversible. Porque, como dijo Séneca, "nuestra naturaleza está en la acción, el reposo sólo presagia la muerte".