Leo en un periódico digital el siguiente titular: "Sánchez compra los votos del PNV y PRC con beneficios fiscales y el pago de deuda histórica".
Se explica que Sánchez está a la búsqueda de apoyos para su investidura como presidente del Gobierno, y que, para conseguirla, está ofreciendo a Miguel Ángel Revilla el pago de una novedosa deuda histórica cifrada en 121 millones de euros, y al PNV la condonación de aproximadamente 400 millones de la deuda que el País Vasco mantiene con el Estado por los servicios estatales no transferidos. Dice el artículo:
Los socialistas mantendrán una factura inferior al precio calculado por los servicios no transferidos que el Gobierno vasco debe pagar al Estado. En esta cuestión hay discrepancias entre ambas administraciones, ya que los vascos creen que deberían pagar casi el 50% menos de lo que calcula el Gobierno central, unos 850 millones respecto a los 1.600 que cifra Moncloa. El Gobierno no exigirá mucho más de los 1.200 millones del último año, para no enrarecer las relaciones con el PNV.
No tengo más información sobre el tema cántabro, aunque siempre he recelado de las deudas históricas, que algunos se inventan a cambio de favores. Con el tema del cupo vasco es diferente y no debiera tener más discusión que su correcto cálculo.
Pero estamos tan mal... que esa noticia hasta parece normal y lógica dentro del proceso negociador de la investidura. Estamos tan mal… que la Fiscalía Anticorrupción, tan ufana otras veces, todavía no ha abierto diligencias penales de investigación, y los contertulios radiotelevisivos aceptan plácidamente que esto pueda suceder –al fin y al cabo, también lo hizo Rajoy hace dos años–. Y este es el problema: el silencio de los corderos que mansamente se acercan al matadero. Todo vale.
En la Sentencia 548/2017, de 12 de Julio, el Tribunal Supremo confirmó las condenas por prevaricación y malversación de caudales públicos a un alcalde que, con una factura falsa, había condonado una deuda de un ciudadano por unas tasas municipales correctamente devengadas. Y allí se perdonó la deuda municipal, por amistad, sin más. Aquí se anuncia el perdón de una multimillonaria deuda autonómica a cambio de votos… lo que nos lleva también al delito de cohecho. ¿Por qué a un alcalde sí, y al presidente del Gobierno, no?
El problema puede que parta de una jurisprudencia antigua que, referida a un artículo de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, recogiendo la doctrina del Consejo de Estado francés, excluyó del conocimiento del orden jurisdiccional las cuestiones que se suscitasen en relación con los "actos políticos" del Gobierno, preservando la separación de poderes. Así, por ejemplo, la jurisprudencia penal que excluía del delito de prevaricación los actos políticos o de gobierno (Vgr. SSTS 866/2008). Algo tipo: "Como esto es una decisión política, los tribunales no tienen nada que decir". ¿Seguro? El tema es complejo y les remito a la excelente serie de tres artículos publicados en Hay Derecho.
Sea suficiente recordar aquí que el art. 432 del Código Penal, de nueva redacción tras la reforma de 2015, castiga a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito de administración desleal sobre el patrimonio público, advirtiendo que será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público. Lo que nos remite a la administración desleal del art. 252 CP, que castiga a quienes, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infringe excediéndose en el ejercicio de las mismas y causa un perjuicio al patrimonio administrado. Por último, el art. 419 CP castiga el cohecho y sanciona a la autoridad que, en provecho propio, recibiere o solicitare un favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa, para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo.
El diputado Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, públicamente solicita el favor de que le voten en la investidura y a cambio hace promesa de realizar un acto contrario a los deberes inherentes al cargo, como es no cobrar las deudas que el Gobierno vasco mantiene con el Estado, lo que supone un perjuicio para el patrimonio estatal de, aproximadamente, 400 millones de euros... Dudo que haya una descripción más ajustada de la acción típica de los delitos de cohecho y malversación… Entonces, ¿por qué nadie reacciona?
Ya está bien que se acepte el concierto vasco –la Constitución no debería de haberlo admitido en primer lugar–, pero –aceptado el trágala– resulta incuestionable que todos –también los vascos– deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en igualdad con el resto de ciudadanos, y sobre ello lo único que cabe es hacer correctamente el cálculo del cupo, pero nunca condonar deudas, aceptando reiteradamente el chalaneo y la coacción de unos sinvergüenzas a cambio de votos de apoyo en la investidura. Si los políticos no se atreven a cambiar una Ley Electoral que les permite a aquellos estar y hacer… a lo mejor jueces y fiscales tendrían que intervenir para poner fin a este costoso y delictivo chantaje siempre de los mismos.
Pero, por supuesto, es una opinión que someto a cualquier otra mejor fundada en Derecho. A ver si hay… eso, que no creo, porque los sinvergüenzas prefieren callar y reírse en privado de lo gilipollas que somos.