De un Gobierno tan feo como el conformado por el PSOE y Podemos, con el respaldo de separatistas y exterroristas, nadie puede puede esperar un gesto estético como sería la dimisión del vicepresidente del Gobierno, señor Iglesias, por razones obvias: un juez ha pedido que se levante su aforamiento y sea procesado por el Tribunal Supremo por tres posibles delitos. Menos todavía este individuo dimitirá por razones morales, porque, aparte de desconocer por completo el significado de la palabra ética, él alentó la desaparición de un artículo de los estatutos de su partido que exigía la dimensión inmediata de todo cargo público si se hallaba imputado, procesado o investigado.
Tampoco nadie en su sano juicio pensará que Iglesias, sospechoso de haber cometido tres gravísimos delitos, podría dimitir de su cargo por motivos políticos, porque este sujeto ha hecho que el ámbito entero de la corrupción política dependa sólo y exclusivamente de los tribunales de justicia. Principal argumento de la casta política para no hacer nada contra la corrupción. Por este último argumento, precisamente, Podemos, junto con el PSOE, el PP y toda la faramalla nacionalista y exterrorista, se negó, o peor se abstuvo, a aprobar la moción que presentó Ciudadanos, en septiembre de 2018, contra el aforamiento de los políticos, quizá la mejor iniciativa que defendió Albert Rivera en su tiempo en el Congreso.
El fracaso de ayer de Rivera es hoy nuestra peor penitencia. Si hubieran desaparecido los aforamientos, sin duda alguna, el pacto entre Sánchez y Casado sobre sus respectivos chanchullos universitarios no hubiera desaparecido tan pronto y tan oscuramente del ámbito de la opinión pública política. Pero, sobre todo, a un partido como Podemos, que siempre ha operando en los límites del sistema, se le hubiera podido frenar e incluso detener, porque el aforamiento de la casta política, independientemente del color de quien lo analice, es un factor, permítanme el palabro, criminógeno, o sea, incentiva a cometer delitos a todos los políticos, y especialmente a todos aquellos que operan en las cercanías de los abismos del sistema o, sencillamente, quieren destruirlo.
He aquí, pues, un ejemplo de libro sobre la distancia entre la España real, que quiere que sus políticos sean tratados como cualquier otro ciudadano, y la España oficial, que hace valer sus privilegios con desprecio del contribuyente y ostentación de su cargo. En fin, por decirlo suavemente: la permanencia de los aforamientos en España causa un daño irreparable en la reputación de la Administración de la Justicia y, por supuesto, añade un déficit más de legitimidad a una clase política que es incapaz de justificar su oficio.