Los políticos tienden a huir de sus responsabilidades con suma facilidad. No es muy original esa apreciación. Es una obviedad. Nuestros políticos se parecen mucho al resto de la sociedad, pero ellos simulan mejor que los ciudadanos de a pie. Por ejemplo, ellos no se cansan de repetir que respetan la separación de poderes, pero cada vez que tienen ocasión se la saltan. De ahí que no nos cansemos de recordar que o respetamos la separación de poderes o caemos en la irresponsabilidad organizada por un régimen político que favorece que los partidos políticos pongan la justicia a su servicio. La confusión del ámbito político con el jurídico, por decirlo suavemente, no es la mejor manera de hacer política ni de profundizar en la calidad de la democracia.
Sin embargo, no hay partido político, antiguo o nuevo, que no caiga una y otra vez en la manía de resolver los graves problemas políticos de España recurriendo a la Administración de Justicia. En esta ocasión le ha tocado a Vox. El partido de Santiago Abascal ha presentado una querella criminal contra José Luis Rodríguez Zapatero por una supuesta negociación criminal del Ejecutivo socialista con ETA. Seguramente, la citada denuncia será rechazada por el Ministerio Público, porque no hallará base jurídica para procesar al expresidente del Gobierno por posibles delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. No entro a juzgar la argumentación jurídica que ha utilizado Vox, menos entraré en las bases legales que utilizará la Fiscalía de la Audiencia Nacional para archivar esa demanda, sino en la utilización que hace Vox de la Administración de Justicia para resolver un asunto político. Claro que un partido político, como cualquier ciudadano particular, puede acudir a los tribunales de justicia nacionales e internacionales para acusar a un expresidente de Gobierno de alta traición a su nación y a los sagrados deberes que le impone el ejercicio de su cargo, pero el recurso a esas altas instituciones tiene que estar muy bien justificado y avalado por pruebas contundentes, si no quiere correr el riesgo de ser tildado de frívolo o, algo peor, acusado de utilizar el Estado de Derecho pro domo sua.
Tengo la sensación de que los nuevos partidos están cayendo en los mismos vicios de los viejos partidos, y seguramente el más grave de todos ellos es la utilización del poder judicial con la misma frivolidad con que el PSOE y el PP quisieron resolver la cuestión de la corrupción esgrimiendo sentencias de los tribunales de justicia. La corrupción, o la colaboración de Zapatero con ETA, es antes un problema político y, por supuesto, moral que un asunto judicial. Argumenten, critiquen y pongan en relación las posiciones de Zapatero con las políticas actuales de Sánchez en los foros públicos. Digan y pongan en claro los políticos de Vox las maldades que trajo a España el actual mediador de Maduro y cómo fueron seguidas por Rajoy. En fin, hagan política para aquí y ahora, interpretando el pasado de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, pero, por favor, no confundan la política con el Derecho, que es un camino que nos conduce a los despeñaderos de sociedades cerradas.
Quizá contenga alguna verosimilitud la declaración del presidente de Vox: "La denuncia se basaba en los avisos del Gobierno a la banda terrorista sobre ‘operaciones en ciernes’ de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra ETA", pero de ahí a presentar un querella criminal contra un expresidente del Gobierno media un mundo… Se han escrito más tres decenas de libros para denunciar ese asunto de Zapatero, pero, ay, demostrar eso jurídicamente es harina de otro costal. Y sobre todo implica mucho trabajo, que debería empezar por analizar y estudiar todo lo que se ha publicado sobre el caso, por ejemplo, del chivatazo al etarra Joseba Elosúa… En fin, no juzgo la buena intención de Vox con la presentación de esa querella contra el expresidente, pero sus resultados políticos son más que discutibles. Son frívolos.