Desde hace algunos decenios los gastos de los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estado central y Unión Europea no hacen más que crecer. La partida más desatada es la que se va en retribución del personal. Ha aumentado sobre todo el número de empleados públicos a dedo o mediante concursos públicos perfectamente amañados. No es proporcional la mejora de los servicios. Da la impresión de que los organismos oficiales se han diseñado simplemente para canalizar el dinero que viene de los impuestos. El procedimiento resulta sumamente costoso.
Cierto es que las instituciones públicas también realizan inversiones, pero muchas veces se hacen para repartir dinero entre los amigos y conmilitones. Solo cuando se exagera hablamos de corrupción. Nadie parece dispuesto a vigilar el derroche del dinero público. Sería interesante conocer el grado de uso de muchos edificios públicos, hoy perfectamente infrautilizados.
Es claro que, con un sistema así diseñado, la productividad deja mucho que desear. Parece una ley inexorable que aumente sistemáticamente el déficit público. “Público” quiere decir que hay que pagarlo con más impuestos y con peores servicios. En cuyo caso, se hacen imprescindible los malditos “recortes”. ¿Cómo resolver el lógico descontento del pueblo? Primero, con más propaganda. En todos los medios se muestra continuamente el aspecto benefactor de todos los que mandan. Nadie discute que los parlamentarios europeos, nacionales o autonómicos se desvivan por la felicidad de sus súbditos. Ellos mismo se fijan sus sueldos, dietas, complementos, tarjetas de gasto y otros emolumentos y privilegios. Gracias al terrorismo y a otras formas de violencia, se justifica el gasto creciente en un ejército de asesores, policías, vigilantes, inspectores, etc. Cada vez se imponen más controles para todo, lo que acarrea más personal y más presupuesto. Los Gobiernos se hacen la ilusión de que realmente crean más puestos de trabajo, el aspecto que mejor legitima su función. En efecto, así es, solo que muchos de esos puestos son innecesarios; funcionan esencialmente como una manifestación de poder. El misterioso poder político no es más que la capacidad para firmar nombramientos y, por tanto, hacer favores.
Se comprende que los astutos británicos se hayan salido de la Unión Europea; solo representaba para ellos gastos inútiles y controles innecesarios. En España no ha surgido, ni de lejos, un movimiento parecido. Los españoles, tan acomplejados, nos sentimos muy satisfechos con sostener la costosa e ineficaz burocracia de la Unión Europea. En la práctica solo ha beneficiado a la Agricultura con un enorme esfuerzo proteccionista. Cierto es que también ha supuesto una catarata de subvenciones para carreteras y otras obras públicas. Pero ha sido en los años de oro, cuando España era un país menos desarrollado. Ahora los españoles debemos contribuir a esos mismo, pero dirigido hacia los países del Este europeo.
El derroche de los monises del común se extrema en el caso de la Administración Autonómica. No es casualidad que en esa esfera hayan menudeado tanto los casos de corrupción política. ¡Qué no serán los que nunca los veremos en la superficie! Lo raro es que se hayan conocido con tanto detalle ciertos latrocinios de los “púnicos”, los de la “correa”, los de los “eres” y los “cursos de desempleados”. Dejo aparte la cueva de los filibusteros que ha sido la Generalidad de Cataluña. Los ladrones han actuado a la luz del día en los despachos oficiales. Bien es verdad que algunos más osados o más tontos han acabado en la cárcel, pero aquí nadie devuelve un céntimo del dinero público esquilmado. Se ha comprobado repetidas veces que los episodios de corrupción política poco o nada afectan a la conducta electoral. La razón está en que los saqueadores del erario pasan por listos ante mucha gente. Es la sociedad entera la que se halla corrompida. Mal asunto.