Mala cosa es andar enzarzados con la polémica de si el nombramiento de los jueces lo tiene que hacer el Gobierno o el Parlamento, con o sin consenso de los dos grandes partidos, dizque “de Estado”. Galgos y podencos. No es menos sospechoso el hecho previo de que los jueces se agrupen en diversas asociaciones ideológicas, una especie de sucursales cultas de los partidos. El resultado práctico es esa pregunta indirecta que se hace, cariñosamente, a un amigo que ha sido procesado: “Oye, ¿qué juez te ha tocado?”. Es decir, se presume que la sentencia judicial puede ser anticipada según sea la catadura moral o política del magistrado en cuestión. Pero esa es la negación de la Justicia, que consiste en dar a cada uno lo suyo. Puede que el apotegma romano se cumpla en las querellas privadas, mas es dudoso que lo haga cuando la política anda por medio.
Sabido es que en los Estados Unidos los jueces del Tribunal Supremo son nombrados (de por vida, ese es el toque) por el presidente de la nación. Sus señorías no se privan de declarar, de antemano y en todo momento, cuáles son sus inclinaciones políticas o éticas, sus filias y sus fobias. Sin embargo, el pueblo norteamericano (valga la abstracción) confía en que los veredictos de esos mismos jueces van a ser los correctos. Ese es el secreto de una Justicia como Dios manda. Todo reside en la honorabilidad y el sentido del deber de los magistrados. No tendría por qué ser tan relevante el hecho de quién nombra a los jueces y en qué condiciones, ni siquiera las afinidades ideológicas de los togados. Lo fundamental es que, una vez investidos, sus autos respiren profesionalidad, independencia, buen sentido. Lo contrario de todo eso es la prevaricación, un torpe delito, reservado, especialmente, para los altos servidores del Estado.
La independencia y la honorabilidad de los jueces empieza a resquebrajarse cuando se convierten en figuras, personajes; por ejemplo, cuando pasan a ocupar, tranquilamente, poltronas ministeriales. Esta es una práctica contraria al clásico principio de la división de poderes, por desgracia, cada vez más corriente en nuestro atribulado país. Cunde la sospecha de que la conducta judicial va a ser una u otra, predecible de antemano, según haya sido la fórmula política del nombramiento.
Dice San Agustín que si se desvirtúa una correcta justicia la política acaba convirtiéndose en una cueva de bandoleros. (Es traducción libre). El asunto es, pues, eterno, porque es, ante todo, moral. Por qué se va a poder exigir una estricta conducta ética a los togados, cuando tan laxa es la norma para los otros funcionarios, para las relaciones sociales todas. Es la misma sociedad española la que se halla envilecida; no solo los jueces prevaricadores. “Arrojar la cara, importa,/ que el espejo no hay por qué”, escribió Quevedo.
Un dato sociológico. La profesión de la judicatura se encuentra muy valorada en todos los países democráticos, realmente, a la cabeza de una lista de las otras ocupaciones. Pues bien, en España, el lugar de aprecio o de prestigio que merecen los jueces por parte de la opinión pública es bastante modesto. En su día pudo ser por el origen, predominantemente rural, de una gran parte de los jueces. Ya no es el caso. Pero el prestigio no ha subido.
Al final, como explicación fundamental, siempre nos encontramos con lo mismo: la familia y la escuela, donde se cultivan las virtudes cívicas. Me temo que esas dos instituciones básicas son las que fallan.