Me refiero a lo que, todavía, llamamos España. Episodios de corrupción política (uso particular de los dineros públicos) los ha habido siempre. Es algo que pervive en la naturaleza humana. Solo que, en otros tiempos, se trataba de casos aislados, de conductas desviadas contra un fondo de honradez de los gobernantes, los que disponen del erario.
Hemos entrado en una fase de desmoralización general. Para empezar, los mandamases controlan una parte discrecional de los presupuestos públicos, que son los más elevados de la historia. A través, de la publicidad, de las subvenciones, de los contratos públicos, consiguen una gran disponibilidad del dinero público. De esa forma, pueden premiar o retribuir a los profesionales de todo tipo, privilegiando a los que demuestran ser adictos a los deseos de los gobernantes. Maravilla comprobar con qué fidelidad muchos periodistas profesionales, empresarios, sindicalistas, entre otros cometidos, exponen, como propios, los argumentos emanados desde el poder. Tal sintonía recibe, siempre, una gratificación en dinero o en especie. La forma más sutil consiste en recompensar a los adictos al poder con una gran facilidad para que su rostro o su voz aparezcan en los distintos medios, públicos o privados. La mayor parte de ellos aparecen controlados por los que mandan. El mejor indicio de tal supervisión encubierta es que las apariciones en los medios no se producen al azar; desde luego, se hallan muy lejos de cualquier acumulación de méritos.
Es fácil concluir que el proceso al que me refiero es una forma de corrupción, aunque, invisible, o, por lo menos, no punible. Por eso, digo que se muestra de forma institucionalizada. Esto es, se acepta como algo normal, como parte de los usos políticos, perfectamente, admitidos. Por tanto, ni siquiera suscitan muchas críticas.
Lo anterior se refuerza, ahora, que el Gobierno va a ser el único gestor de la riada de dinero procedente de "Europa". Es una especie de un Plan Marshall hodierno, diseñado para paliar los desarreglos derivados de la pandemia del virus chino en las economías de la Unión Europea. Lo fundamental es que, esa corriente dineraria, por lo que toca a España, será administrada desde la Moncloa. Nos podemos imaginar el desaguisado de influencias personales. Un primer indicio lo tuvimos con la ayuda de más de cincuenta millones a una ruinosa empresa venezolana de aviación. Fue solo un primer aviso de lo que está por llegar.
El clima de corrupción política se acepta con toda naturalidad porque son muy endebles los resortes morales. Es más, lo que priva, en España, es hacerse rico a toda costa, sea por la lotería, el deporte, la política o los "pelotazos" en el mundo de las oportunidades de negocios. Conseguido el fin, los medios no se discuten. Quien no se hace rico, aprovechando tantas facilidades, queda como un simple.
La corrupción institucionalizada llega a su ápice con el triste suceso de los indultos, concedidos por el Gobierno, a los separatistas catalanes, que dieron un fallido golpe de Estado, en 2017. La decisión de indultarlos la tomó el Gobierno en contra del criterio del Tribunal Supremo. Para ello, hubo que torcer muchas voluntades de personas muy empingorotadas. La gran paradoja es que los condenados por el golpe de Estado (que llaman "sedición") no habían pedido el indulto. Es más, lo que exigen es la amnistía y la independencia (subvencionada) de Cataluña, esto es, un definitivo golpe de Estado. Tal retorcimiento de las leyes se mantiene porque el tirano Sánchez necesita el apoyo de los independentistas catalanes para seguir con la ajustada mayoría de los escaños del Congreso de los Diputados. Este sí que es un caso flagrante de alta corrupción política. No terminará bien.