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Latrocinios legales

El principio real es que todos somos contraventores de la ley, mientras no se demuestre lo contrario.

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A propósito de mis tribulaciones con el Canal de Isabel II, recibo algunos correos de mis atentos lectores con nuevas aportaciones. Coinciden en lamentarse del estado de indefensión en que les coloca su relación con las grandes organizaciones públicas y privadas. Es lo que podríamos llamar latrocinios legales, un fenómeno más extendido de lo que parece. Todos parecen resolverse en que, si el contribuyente no está satisfecho, puede acudir a los tribunales. Pero es claro que en ellos triunfa más fácilmente la tesis de los abogados (en plural) que representan a las grandes organizaciones.

Un lector me ruega que por nada del mundo publique su nombre, aunque me proporciona todo tipo de datos sobre los laboriosos trámites que ha tenido que hacer. Se lamenta el hombre de que los notarios y registradores de la propiedad le cobran aranceles abusivos por la cancelación de hipotecas y similares. Estima que son tasas contrarias a la ley, pero siguen vigentes. Mi comunicante calcula que en los casos de las hipotecas ascienden solo a 120 euros por documento, pero multiplicados por el total de hipotecas, suponen unos 30 millones de euros al año. Estamos ante el clásico precio de monopolio, pues los aranceles los fijan la Dirección General de los Registros y del Notariado, cuya dirección corresponde inexorablemente al cuerpo de notarios o registradores. Una última resolución a favor de ellos se realizó bajo la jefatura de Gobierno de Rajoy, casualmente registrador de la propiedad. Mi corresponsal acudió con su protesta correspondiente a la Fiscalía, pero su caso se archivó. Es un donoso verbo para indicar que sus papeles han debido de ir a la papelera.

Hay mil casos más. Me remito a uno que tengo muy cerca. Un profesional como yo, con una casa grande para almacenar miles de libros, necesita un montacargas. Casi por el mismo precio, me montaron un ascensor. No bastó con la instalación y los costosos trámites, que implicaron pagar dinero. Una vez montado el artilugio, el ascensor exige el servicio de una empresa de mantenimiento, que implica visitas regulares de un técnico; más dinero. Por si fuera poco, hay que someterse a otro requisito legal: la visita esporádica de un inspector, que, naturalmente, cobra una buena cantidad por dar el visto bueno al trabajo del mantenimiento que ejecuta la empresa dicha. Para justificar su desplazamiento, el inspector suele decidir algún nuevo elemento de seguridad, como un cartelito que indique lo peligroso que es acercarse a la maquinaria. Se añade un nuevo pago. Es un ejemplo más de lo costosos que son los monopolios legales. El más caro es el monopolio del Estado y sus infinitas ramificaciones.

Por mucho que se ensalcen las ventajas de vivir en un Estado de Derecho, da la impresión de que son muchas las injusticias que quedan desatendidas por la providente Administración Pública. El principio de funcionamiento del aparato estatal es que no se fía de los administrados. Hay que vigilar constantemente y de mil modos para que el contribuyente no se le ocurra delinquir. Un ejemplo mínimo puede ser el caso de los pasos de cebra en muchas vías. No basta con dibujarlos sobre la calzada; en ocasiones hay que elevar el perfil mediante una pequeña obra que simplemente estropea los coches y molesta a los pasajeros. El pueblo denomina a estos badenes "policías tumbados".

Son infinitos los cuerpos y organismos públicos encargados de inspeccionar nuestras conductas con el avieso propósito de descubrir a los que se portan mal. El principio real es que todos somos contraventores de la ley, mientras no se demuestre lo contrario. Los códigos dirán lo contrario, pero yo aquí me fijo en la impresión que tiene la gente. Es mi sesgo sociológico; lo siento.

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