Los candidatos en la campaña electoral son de dos tipos: a) los que, por pertenecer al partido gobernante, ostentan algún cargo; b) todos los demás. Es claro que los primeros gozan del gran privilegio que supone gozar de las amenidades del poder. En igualdad de otras circunstancias, siempre será más fácil que muchos electores les concedan su voto. Por eso mismo, cabe razonar que los candidatos con cargo deberían abstenerse de realizar campaña durante los días laborales y, en todo caso, hacerla con medios públicos (por ejemplo, coches oficiales). Ni qué decir tiene que tal exigencia ética parece risible de puro ingenua. No me imagino que las ministras del Gobierno que son candidatas en las elecciones vayan a los mítines en su coche particular y solo lo hagan los domingos y fiestas de guardar. Alegarán las clásicas razones de seguridad, que sirven como coartada maravillosa para trasladarse en coches oficiales (si no en helicópteros) y llevar escoltas y edecanes. El poder no es nada si no se exhibe.
Algo se consiguió hace pocos años cuando se dictaminó que durante la campaña electoral los representantes del Gobierno se debían abstener de hacer inauguraciones. Eran una forma de hacer explícito el principio ético de que la actividad del Estado no debía utilizarse como propaganda electoral. Pero no parece difícil que el Gobierno interfiera en la campaña a través de los decretos mil en los que promete no sé cuántas mejoras para el esforzado pueblo español. Son los famosos viernes sociales, que suenan a algo así como una devoción religiosa. En definitiva, por uno u otro camino, el partido del Gobierno cuenta con una ventaja inigualable para competir en las elecciones.
Una ventaja indirecta de los partidos establecidos es que reciben cuantiosos dineros públicos para los gastos electorales; todo legal. No me parece justo tal dispendio del exhausto erario. Los partidos todos deberían costear los gastos electorales con los ingresos propios (cuotas y donaciones), si bien sujetos a un control público para evitar abusos. Como ese desiderátum no se consigue, la consecuencia es que los partidos extraparlamentarios se encuentran en inferioridad de condiciones ante una campaña electoral. El caso de Vox es el más llamativo, puesto que las encuestas le dan la posibilidad de acceder al Parlamento.
No se estila en España el uso de que los candidatos vayan de casa en casa solicitando personalmente el voto. No lo facilita el sistema electoral, ni es una tradición. Pero sí se agradecería que los candidatos descendieran alguna vez al nivel del cuarto de estar de los súbditos para platicar con ellos en amigable compañía. Quien se atreva con esa fórmula micro, un tanto arriesgada, obtendrá su recompensa.
Hablando de riesgos, los candidatos deberían cuidar mucho el género de las entrevistas a las que se exponen en los distintos medios. Huyan de las entrevistas de cámara que suelen hacer los turiferarios. No caigan en el error de consultar antes las preguntas que les va a plantear el entrevistador en cuestión.
Como nos alojamos en un sistema multipartidista, lo normal es que ningún partido obtenga la mayoría absoluta. Así pues, se recomienda a los candidatos que intenten imaginar una situación bien realista: algunos de sus adversarios actuales, después de la noche del escrutinio, van a ser sus aliados.
Un hecho novedoso y muy positivo en los partidos establecidos es que casi todos ellos andan empeñados en renovar el personal de las candidaturas. Para dedicarse a la política no basta con acumular años de trabajo para el partido correspondiente. Debe realzarse la rara cualidad de la experiencia en cualquier trabajo que exija formación y organización. Es el caso de muchos funcionarios (incluidos los militares, claro está), empresarios y directivos.
Parece un abuso la actual triquiñuela de que la campaña legal se amplíe de forma desconsiderada con la precampaña, que puede durar semanas e incluso meses. Una extensión tan desproporcionada supone ralentizar o paralizar el funcionamiento de ciertos organismos públicos.
Una práctica dudosamente democrática es la que la fecha de las elecciones la decida el Gobierno correspondiente. Sería mejor el sistema norteamericano, el de una fecha fijada de antemano para los comicios. Pero eso equivaldría a redactar una nueva Constitución, tarea tan apremiante como imposible.