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'Ara és l'hora'... de la ley

Varias generaciones de progres españoles han metabolizado el chantaje nacionalista con un enfermizo complejo de culpa ante sus supuestos agravios.

Antonio Robles
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Ver y oír ufano a Pedro Gómez invocar la política para resolver la insumisión del Gobierno de la Generalidad y pedir la reforma de la Constitución para contentar a los federalistas asimétricos del PSC provoca desazón. ¿Ignorancia o falta de escrúpulos? ¿Ingenuidad o ausencia de sentido de Estado?

Reforma de la Constitución, ¿para qué? ¿Para resolver el definitivo encaje de Cataluña en España, o para marcar y cerrar definitivamente las competencias respecto al poder central? ¿Para convertirla en el aval de una confederación de naciones, o para acabar con los Parlamentos autonómicos que en Cataluña y País Vasco sólo han servido para convertir esas comunidades autónomas en simulacros de Estados? ¿Para blindar en Cataluña y en el resto de autonomías que se sumen los tribunales de justicia, el sistema educativo, un concierto económico y una agencia tributaria propia? Echen una mirada a la decisión de la Fiscalía de Cataluña de no querellarse contra Artur Mas y adivinen cómo perseguirían la corrupción de los Pujol en una Cataluña con plena soberanía sobre los tribunales.

Las preguntas podrían ser infinitas, y todas sospechosas. Ninguna reforma que impida aumentar las cesiones a los nacionalistas sería apoyada por estos. Habríamos facilitado un nuevo agravio para el lamento. Y encima la Constitución resultante tendría menos apoyo. ¿Dónde están las bondades de su reforma?

En estos momentos, cualquier reforma constitucional dará mayor inestabilidad política. Tanto si salen beneficiados los nacionalistas como si los mete en vereda. Jugar a esa ruleta rusa podrá servir al PSOE para parecer dialogante y contentar a sus socios del PSC, pero nunca favorecerá los intereses de España ni será beneficioso para preservar la igualdad y los derechos de todos sus ciudadanos.

Segundo error. Ante la intención de la Fiscalía General del Estado de presentar una querella contra Artur Mas, se han desatado todos los conjuros desde Cataluña: "Es una persecución política contra la libertad de expresión", gritan a coro los nacionalistas poseídos por el síndrome de Ghandi. Nos conocemos la impostura, tratar de desmontarla es inútil, viven de manipular el lenguaje. Lo malo es que el PSC, que debería combatirla, la refuerza: "Es un gravísimo error que empeorará las cosas", dice el portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Cataluña, Maurici Lucena. Iceta insiste. Y el eco llega hasta las Españas del PSOE convertido en boca de su secretario general, Pedro Gómez, en el mantra "Ha llegado la hora de hacer política". Considera un grave error que la Fiscalía General del Estado quiera hacer cumplir la ley. ¿Desde cuándo es inconveniente aplicar la ley en un Estado de Derecho? ¿Desde cuándo la separación de poderes depende de las decisiones políticas? ¿Desconoce Pedro Gómez que la separación de poderes es una condición del Estado de Derecho y no una conveniencia? Pero, sobre todo, ¿desde cuándo el Estado es sospechoso por tratar de defenderse de quienes lo quieren destruir?

Mientras, mascan mantras como el de "fábrica de independentistas". Varias generaciones de progres españoles han metabolizado el chantaje nacionalista con un enfermizo complejo de culpa ante sus supuestos agravios. Se impone medir las palabras y las acciones si no queremos inflamarlo aún más. Eficaz sistema para neutralizar la crítica y la ley. Es hora de que responsables políticos como Pedro Gómez maduren y se libren del conjuro. Rendir pleitesía al nacionalismo a estas alturas de la película es tan irresponsable como inútil. ¿O sólo pretende evitar que le digan, como hacen con el PP, que el PSOE es una fábrica de independentistas? ¡Qué falta de madurez, cuánta patética condescendencia! Así nos va.

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