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Carmelo Jordá

Moraleja de la sentencia

No hay una fórmula de consenso para que una ideología totalitaria, enfermiza y que lleva décadas siendo subvencionada deje de ser enfermiza y totalitaria.

Carmelo Jordá
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No hay una fórmula de consenso para que una ideología totalitaria, enfermiza y que lleva décadas siendo subvencionada deje de ser enfermiza y totalitaria.
EFE

En menos de 24 horas hemos podido constatar la primera y gran moraleja de la sentencia del Tribunal Supremo: que los ímprobos esfuerzos de los magistrados de la Sala de lo Penal por suavizar la merecida condena –incluso llegando a la sobrehumana capacidad de poder leer la mente de los acusados y conocer sus verdaderas intenciones, subrepticiamente ocultas en una catarata de hechos que apuntaban groseramente en la dirección opuesta– no han bastado al separatismo.

No, tras los 490 folios de unánime consenso, las calles y las infraestructuras básicas se han vuelto a llenar de manifestantes violentos, los (ir)responsables políticos han vuelto a hacer llamamientos a la desobediencia y todos han vuelto a prometer e insistir en lo que ya era evidente para quien no se negase a verlo: que el golpe de Estado sigue con los mismos métodos y pagado por el mismo dinero público.

Y es que el secesionismo jamás se dará por satisfecho con unas rebajas de otoño de rebelión a sedición; no basta con descafeinar la verdadera naturaleza de los hechos, tras haberlos reconocido como probados uno por uno; no son suficientes ni las continuas llamadas al diálogo ni las sucesivas pistas de aterrizaje político que se ha ido preparando a los separatistas.

Porque no hay una fórmula de consenso para que una ideología totalitaria, enfermiza y que lleva décadas siendo subvencionada deje de ser enfermiza y totalitaria, más aún si tampoco dejamos de subvencionarla. Al contrario, con un proyecto político como el nacionalismo catalán el único compromiso posible es la derrota de una de las dos partes: la de los demócratas o la de los totalitarios. No hay otra.

Es algo que ya deberíamos haber aprendido, tras décadas de cesiones, falsos consensos y miradas para el otro lado que desembocaron en todo lo ocurrido en septiembre y octubre de 2017. Pero la clase política española –y por lo visto la judicial– se resiste a entender esa obviedad, supongo que porque están sumergidos en un mundo de chanchullos en el que les parece imposible que algo no tenga un precio. Y también porque, al fin y al cabo, ellos nunca pagan ese precio: nos lo hacen pagar a nosotros.

Yo creo que esta sentencia es mala por varias razones: la primera, porque sinceramente me parece que no hace justicia, pese a que sí aplica unas penas y nos permite, por fin, llamar delincuentes a los que ya oficialmente han cometido delitos, aunque sean de segunda; la segunda, porque pienso que no es lo bastante ejemplarizante, que es una de las razones de ser de la Justicia; y la tercera, porque desde mi punto de vista no cumple con su verdadera función, que no era facilitar un apaño político a mitad de camino entre la legalidad y la delincuencia, como dicen los corifeos del separatismo, sino dar fuerza a la democracia española frente a aquellos que quieren acabar con ella.

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