Dos hechos muy relevantes van a marcar el futuro inmediato de nuestra nación: el juicio contra los políticos catalanes golpistas, que comenzará en el Tribunal Supremo dentro de unas semanas, y las diversas citas electorales que se dibujan en el horizonte. De momento, ya hay una fecha fija, el domingo 26 de mayo, para las elecciones europeas, municipales y autonómicas –en trece comunidades–. A estas se pueden añadir, ese mismo día o en fecha diferente, las elecciones generales, y tampoco hay que descartar que Puigdemont y su titiritero Torra decidan convocar elecciones en Cataluña.
Respecto al juicio a los golpistas, hay motivos para confiar en la Justicia. Es lo mínimo que se puede decir después de haber visto cómo ha aguantado el juez Llarena la persecución y el hostigamiento a que ha sido sometido en los meses de instrucción del sumario. Persecución y hostigamiento proveniente no sólo de los independentistas catalanes, con los CDR como punta de lanza, sino del Gobierno, empezando por su presidente Sánchez, que en su día se mostró partidario de que se pusiera fin a la prisión preventiva de los políticos que ahora van a ser juzgados por delitos tan graves como los de rebelión y sedición.
Los magistrados del Supremo que deberán emitir sentencia son personas competentes con la capacidad de aislarse de la presión ambiental que a buen seguro van a tener que soportar. Da un poco de rubor tener que decir estas cosas en pleno siglo XXI y en una democracia que, aunque joven e imperfecta, tiene que respetar la división de poderes.
En cuanto al horizonte electoral, las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo se presentan como trascendentales, mucho más si antes de ellas no hay generales. El 26 de mayo, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir algo más que a eurodiputados, alcaldes y presidentes autonómicos. Tras la llegada al poder de Sánchez por la vía de la moción de censura y con el apoyo de podemitas, independentistas catalanes, PNV y Bildu, su proyecto de Frente Popular necesita asentarse mediante la destrucción del régimen constitucional del 78. Por eso es urgente echar democráticamente del poder a los actuales gobernantes. Si hay elecciones generales en marzo, cosa poco probable, será el momento, y si no, en mayo habrá que votar en clave nacional, desalojando a todos esos alcaldes o alcaldesas, en Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago, La Coruña, Zaragoza o Cádiz, que hace cuatro años llegaron al poder fundamentalmente gracias al apoyo de PSOE.
En el centroderecha, la irrupción de VOX en las elecciones andaluzas ha roto muchos esquemas y estrategias diseñadas cuando el partido de Abascal no tenía ninguna presencia. Ahora eso ha cambiado, y para conformar los Gobiernos de muchos ayuntamientos y CCAA será necesario después el acuerdo y el pacto entre el PP, Ciudadanos y VOX. Andalucía va a ser en ese sentido un primer e importantísimo banco de pruebas para lo que está por venir. Por eso, quien frustre el cambio en el Palacio de San Telmo lo pagará muy caro en próximas citas electorales.
Las cosas en la política van muy rápido. Si no, que se lo pregunten a Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Cospedal o Cifuentes, por citar sólo cuatro casos que afectan al PP. Quien no entienda que los tiempos están cambiando a una velocidad de vértigo y que los ciudadanos están ya muy hartos de una forma de hacer política que ha tocado fondo, es que se ha enterado de muy poco. Y eso, en el caso del centroderecha, puede afectar tanto a Casado como a Rivera. Abascal tiene todavía un margen porque VOX acaba de incorporarse al tablero político, pero lo que haga su partido en la investidura del nuevo presidente de Andalucía será su primera gran decisión.