Hace cuatro meses, el presidente de Vox, Santiago Abascal, dijo en una entrevista en ABC: "No tengo dudas de que en la hoja de ruta totalitaria está la ilegalización de Vox". Hace cuatro días –en plena campaña contra su partido por lo que luego resultó ser un bulo: la supuesta agresión a un joven homosexual en Malasaña– insistió en un Twitter en la misma idea: "Llevan meses cocinando la ilegalización; por eso nos sitúan en el foco de todos esos montajes, desde balas inexistentes a agresiones de diseño".
¿Se ha vuelto un poco paranoico el líder de Vox?, puede que se pregunten algunos. ¿Cómo se van a atrever Sánchez y sus secuaces a ilegalizar a un partido que tuvo 3.656.979 votos en las últimas elecciones generales, que cuenta con 52 diputados en el Congreso y representación en la mayoría de los ayuntamientos y de Parlamentos autonómicos?, pueden preguntarse otros.
La respuesta a esas dudas es muy sencilla. Sánchez, como ya ha demostrado con creces, es capaz de hacer lo que haga falta con tal de seguir en el poder. Si las encuestas siguen señalando –como lo hacen todas, salvo las de Tezanos, desde la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid el pasado mayo– que el PP, con la suma de Vox, tendría mayoría absoluta para gobernar, el inquilino de la Moncloa no se quedará de brazos cruzados y, en ese escenario, la forma de hacer saltar por los aires esa alianza es sacando del mapa político a uno de los actores.
¿Se atreverá Sánchez? Quien se ha atrevido a pactar, a llegar a acuerdos con los herederos políticos de ETA; quien ha concedido un indulto a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por intentar dar un golpe de Estado, ¿por qué no se va a atrever a aplicar la Ley de Partidos a una formación que puede ser clave para echarle de la Presidencia del Gobierno?
Es decir, se aplicaría la Ley de Partidos, la misma que se utilizó para ilegalizar a Batasuna, al partido de Ortega Lara, víctima del secuestro más largo de ETA. ¿Eso le importaría algo a Sánchez? En vista del trato que dispensa a Bildu; de lo compungido que se mostró hace unos meses, en la tribuna parlamentaria, al dar el pésame a la izquierda abertzale por la muerte de un etarra en prisión; del desprecio con el que trata a la tercera formación a nivel nacional, no parece que eso sea un obstáculo para alguien que tiene como objetivo prioritario la permanencia en el poder al precio que sea.
Por eso hace bien Abascal en avisar de esa posibilidad, que evidentemente sería un escándalo y un atropello. Las democracias son ante todo unos regímenes de opinión pública, por eso todo lo que sea alertar de la posibilidad de que el Gobierno promueva la ilegalización de Vox es un acierto.
¿Qué puede suceder si Sánchez decide iniciar ese camino? Evidentemente, tendría que producirse una reacción social sin precedentes, empezando por el resto de formaciones del espectro del centro-derecha, es decir, el PP debería ser el primero en movilizarse y oponerse a esa hipotética ilegalización. No ya sólo porque le podrían privar de un socio necesario para formar gobierno, sino porque en ese escenario con ribetes totalitarios, ¿quién asegura a los populares que los siguientes no van a ser ellos?
Sánchez sabe que puede ilegalizar unas siglas, pero no las ideas que ese partido defiende, ni a sus casi cuatro millones de votantes. De ahí que, aparte de los avisos a navegantes, sería prudente que los dirigentes de Vox fuesen pensando en fórmulas alternativas para ponerlas en marcha, caso de que el Gobierno social-comunista decida ir a por ellos.