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Víctimas en política

Bienvenida sea la presencia y la actuación de víctimas del terrorismo en las diferentes instituciones.

Cayetano González
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La presencia del exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en el grupo fundacional de Vox; la confirmación de que Maite Pagazaurtundua irá de número dos en las listas de UPyD para las próximas elecciones europeas y la prácticamente segura inclusión de María del Mar Blanco en un lugar destacado de la candidatura del PP para esas mismas elecciones, ha puesto en primer plano de la actualidad la implicación de las víctimas del terrorismo en la vida política.

Estos tres casos reseñados no suponen una novedad en el hecho en sí de la presencia de víctimas en la vida pública. Otras habían dado ese paso antes. Baste citar a Bárbara Dührkop, viuda del dirigente del PSE Enrique Casas, asesinado por ETA en 1984, fue durante varios años eurodiputada del PSOE; a Eduardo Madina, diputado del PSOE por Vizcaya y secretario general del grupo parlamentario de los socialistas, que sufrió un atentado de ETA en febrero de 2002; a Pilar Elías, viuda de Ramón Baglietto, asesinado por ETA en mayo de 1980, que ha sido concejal popular durante varios años en el ayuntamiento de Azcoitia; a la eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto Jiménez Becerril, asesinado junto a su esposa por ETA en Sevilla en enero de 1998; a Francisco Javier y a María Caballero, hijos del concejal de Unión del Pueblo Navarro en el ayuntamiento de Pamplona Tomás Caballero, asesinado por ETA en mayo de 1998, que han sido vicepresidente del Gobierno de Navarra y senadora y -actualmente- concejal por UPN en el ayuntamiento de Pamplona, respectivamente; o a Paz Prieto Sáenz de Tejada, hija del teniente coronel José Luis Prieto, asesinado por ETA en Pamplona en marzo de 1981, que también es concejal de UPN en el ayuntamiento de la capital navarra.

Entre los impulsores de Vox está Ana Velasco Vidal-Abarca, hija de una de las fundadoras de la AVT, Ana María Vidal-Abarca, y de Jesús Velasco Zuazola, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava, al que ETA asesinó en Vitoria en enero de 1980. En el Senado ocupa actualmente un escaño por el PP Jaime Mateu Istúriz, a cuyo padre asesinó ETA, el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Mateu Cánovas, en noviembre de 1978, y a su hermano, Ignacio Mateu Istúriz, teniente de la Guardia Civil, ocho años mas tarde, en julio de 1986. Rubén Múgica, hijo del dirigente del PSE Fernando Múgica Herzog, milita actualmente en UPyD, partido del que fue candidato por Guipúzcoa en las elecciones generales de 2011, aunque no obtuvo el escaño.

Aparte de Ortega Lara, que sobrevivió a 532 días de secuestro por parte de ETA, y del socialista Eduardo Madina, otro superviviente ilustre de los crímenes de la banda terrorista es el expresidente del Gobierno José María Aznar, al que ETA intentó asesinar en abril de 1995, cuando era líder de la oposición y todo indicaba, como así acabó sucediendo, que llegaría a ser jefe del Ejecutivo en 1996. Su condición de víctima del terrorismo fue lo que llevó al diputado del PNV Emilio Obabarría durante la comisión parlamentaria de investigación del 11-M a espetar al expresidente que no estaba capacitado para dirigir la política antiterrorista de un país. Es decir, para el PNV, un verdugo como Arnaldo Otegui sí puede ser lehendakari y dirigir todas las políticas del Gobierno vasco, pero una víctima como Aznar está incapacitada para luchar contra el terrorismo. Nada nuevo bajo el sol del partido fundado por Sabino Arana, con el que la actual presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, quiere entenderse porque hay que tener "altura de miras".

Algunos sectores políticos y de opinión, fundamentalmente de la izquierda, pero en los últimos tiempos también del PP, han intentado desposeer a las víctimas del terrorismo de algunos de los derechos que como personas les corresponden. En la etapa de Zapatero se les negaba el derecho a manifestarse o a hablar de cuestiones políticas. Con Rajoy, directamente se las arrincona y se ignora a las que son críticas con la política antiterrorista del PP, cuando no se las ofende con actos como la liberación del torturador/secuestrador de Ortega Lara Josu Bolinaga.

Las víctimas son víctimas –una condición que no han elegido ellas–, pero sobre todo son personas y, como tales, sujetos de todos los derechos. Negarles eso sería, de alguna manera, hacerles doblemente víctimas. Les mataron a sus seres queridos por ser españoles y por defender, vistiendo un determinado uniforme o defendiendo unas siglas políticas, la libertad, la Constitución y la unidad de la Nación. Por eso tienen todo el derecho a hablar de política, a hacer política y a participar en la política.

Además, en los momentos actuales, donde el argumentario gubernamental, siguiendo a pies juntillas el discurso del PSOE, dicta repetir hasta la saciedad que "ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho", aunque haya evidencias para dar y tomar de que eso no es exactamente así, se hace más necesaria la presencia de víctimas del terrorismo con nombres y apellidos en las instituciones nacionales y europeas. Es verdad que aunque todas las víctimas son igualmente víctimas, no todas piensan lo mismo o no tienen un comportamiento, lo diré suavemente, coherente con lo que debería esperarse y desprenderse de su condición de víctimas: una exigencia permanente a las instituciones y específicamente al Gobierno de turno para que busque la derrota total y definitiva, sin concesión de ningún tipo, a ETA.

En los últimos tiempos, quizás el caso más paradigmático de esa incoherencia sea el de la hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar, convertida por el actual PP en un ariete defensivo de la política antiterrorista de su jefe político, Mariano Rajoy. También se puede decir que el socialista Eduardo Madina sufre desde hace tiempo una especie de síndrome de Estocolmo a la vasca respecto a la banda terrorista que le dejó sin piernas y que a punto estuvo de acabar con su vida.

En cualquier caso, bienvenida sea la presencia y la actuación de víctimas del terrorismo en las diferentes instituciones. Será una manera muy eficaz para que puedan defender directa y personalmente esas reivindicaciones que las propias víctimas supieron resumir hace tiempo con gran acierto en cuatro palabras: Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia.

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