Esta mañana los lectores de periódicos pudimos leer en el diario El Mundo un interesante artículo de Albert Rivera y Luis Garicano. En Ineptocracia y corrupción, los dos dirigentes de Ciudadanos escribían sobre lo que llamaban "un asalto sin precedentes por parte del presidente del Gobierno a las instituciones y empresas de todos para ponerlas al servicio de un partido político" y sus dañinas consecuencias. El texto se refería al relevo de altos cargos en instituciones y empresas públicas al que ha procedido el Ejecutivo de Pedro Sánchez y citaba algunos de los que han causado mayor sorpresa y malestar por lo difícil que resulta justificar la idoneidad de los recién nombrados, en su mayoría miembros destacados del Partido Socialista. Luego está, además, la cuestión de la cantidad. Porque la inmensa cantidad de cargos que cambian de manos -esto es, de partido- con los cambios de Gobiernos no sólo resulta difícil de justificar: es injustificable.
La única justificación que existe para este recambio masivo en los primeros y segundos niveles del entramado público es, en realidad, que todos lo hacen. Lo ha hecho el PSOE, porque antes lo hizo el PP y antes lo hizo el PP, porque lo había hecho el PSOE y así sucesivamente. El fenómeno no queda circunscrito al Gobierno central. En el ámbito autonómico nos encontramos con el doble de lo mismo, igual que en el ámbito local. Estas prácticas, por eso de que todos las hacen, pueden percibirse como normales. Pero "todos lo hacen" es un salvoconducto falso. La dimensión del relevo de cargos en España, y sus características netamente partidistas, no son "normales". Es decir, son normales en ciertos países, pero no lo son en muchos otros. Así lo señalamos algunos cuando empezó esta oleada de ceses y nombramientos. Así lo expone este informe de Politikon: a tenor de los datos de la OCDE, el relevo "de personal de mayor escalafón es desmesurado en España en comparación con los países de nuestro entorno". En nuestro país, los partidos de Gobierno tienen la costumbre de tomar las administraciones por un pastel que pueden repartir entre sus fieles.
El lector que empezó el día leyendo lo de Rivera y Garicano, recibía a las pocas horas la noticia de otro nombramiento. No se trataba de un alto cargo ni de otro presidente de una empresa pública, pero era significativo: concernía a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. La Fundación Instituto de Empresa la ha contratado para dirigir un Centro de Estudios Africanos de creación reciente. Pocas semanas antes se supo que dejaba su trabajo como directora de consultoría para evitar posibles conflictos de interés. Lógico era pensar entonces que la mujer del presidente del Gobierno iba a permanecer un tiempo fuera del mercado laboral a fin de no incurrir en conflictos de esa clase. Pero no ha sido así. Y su fichaje abre interrogantes. Los abre porque su especialidad es la captación de fondos para ONGs, algo que no será ajeno a conseguir fondos públicos. Los abre porque la Fundación de la que depende el Centro cuenta no sólo con fondos privados, sino también con apoyo de entidades públicas. Tiene entre sus "partner companies" a empresas como Red Eléctrica o Renfe.
En centros o empresas que se nutren o se pueden nutrir de dinero público ¿es apropiado que ocupen cargos directivos la esposa, el esposo o cualquier otro familiar directo del presidente del Gobierno? ¿Cómo garantizar que la presencia de ese familiar no servirá para atraer indebidamente fondos públicos? ¿Cómo asegurar que no habrá hacia ese centro o empresa un trato de favor a la hora de aflojar el bolsillo de las administraciones y empresas públicas? Mucho me temo que es difícil tener esa garantía y esa seguridad. De ahí que el fichaje de Begoña Sánchez resulte problemático y requiera de explicaciones por parte de la presidencia del Gobierno. Tiene que despejar unas dudas y sospechas, que en esta materia, y dada la experiencia, están justificadas.
En Francia, donde la pareja del Presidente de la República no tiene un estatus fijado, Macron fracasó en su intento de formalizarlo y dotarlo de un presupuesto propio -se opusieron cientos de miles de ciudadanos y, entre otros, el Partido Socialista- pero se decidió por la opción de una "carta de transparencia". El concepto clave es transparencia. El problema clave es que, en este caso, aquí nos falta. Como en tantos otros.