Los partidos de izquierda que no estaban nada preocupados por la ocupación del espacio público en Cataluña por los lazos separatistas han pasado a sentirse tremendamente inquietos. Lo que les inquieta es, por decirlo con el tópico, la escalada de tensión. ¿Y qué ha provocado, según ellos, la tal escalada? No hay más que oír y leer a sus portavoces: el origen de la tensión es que hay personas, cada vez más personas, que retiran los lazos. Elemental. Porque si nadie se pusiera a quitar esa simbología partidista de las vías públicas, es claro que no habría incidentes, escalada ni tensión. Habría paz. Y los partidos de izquierda estarían contentos.
La paz que existe cuando nadie muestra su disconformidad política, cuando se restringe el derecho a expresar el desacuerdo con las ideas de otros, no es digna de llamarse paz al fundarse en el silenciamiento de una parte. En su grado máximo de restricción de derechos y silenciamiento, esa paz es la paz de las dictaduras. Las dictaduras pueden reducir enormemente la tensión y los incidentes políticos. Lo pueden hacer y lo hacen. En sus fases de mayor poder de intimidación, las dictaduras logran que un país parezca una balsa de aceite, sin conflictos políticos, sin oponentes que provoquen confrontación y desórdenes.
Cuando la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, dice que le produce "absoluta tristeza la manera en que algunos partidos están echando más leña al fuego y avivando el enfrentamiento", y lo dice sobre la retirada de lazos por parte de dirigentes de Ciudadanos, está diciendo, con hipocresía sentimentalista típica, que la responsabilidad de "avivar el enfrentamiento" recae en quienes quitan los lazos y llaman a quitarlos. Está diciendo que los que echan "leña al fuego" son los que intentan restablecer la neutralidad política del ámbito común, no quienes la vulneran. Con tal de evitar enfrentamientos y privar de leña al fuego, ¿preferirá Podemos la paz de las dictaduras? Es una pregunta retórica.
No es retórica, sino un hecho: la orden del Gobierno regional catalán a la policía autonómica para que persiga y sancione a quienes retiran lazos es la leña que ha avivado el fuego iniciado por los amarillos. La expulsión del espacio público de los no separatistas que significaba la plaga la impone ahora el Gobierno catalán manu militari, como ha escrito el abogado José María Ruiz Soroa, al recurrir a la fuerza pública para castigar a los que se opongan. Es, dice también, un atentado contra "valores y principios básicos de la democracia misma" y "la infracción más grave de la Constitución que cabe". Siendo así, no ha de extrañar que a Podemos le parezca de maravilla ese proceder de la Generalitat.
Y el Gobierno de España, ¿qué dice de esto? ¿Qué piensa hacer? Porque no es sólo que estos o aquellos independentistas coloquen sus símbolos por todas partes. Es que los instalan ayuntamientos y consejerías. Es que el Gobierno regional toma medidas represivas para imponer esa ocupación indebida. Es que esas autoridades públicas son agentes activos de la táctica de expulsión de los no separatistas y el Gobierno de España lo permite. Los que lamentan la escalada, en lugar de recetar resignación cristiana a los constitucionalistas catalanes para "no provocar", reclamen al Gobierno que actúe de una vez contra los provocadores: contra los que se adueñan del espacio de todos.
La contribución del presidente Sánchez a hacer visible la presencia del Estado en Cataluña va a ser, dicen, celebrar Consejos de Ministros en Barcelona. Vayan mejor a Vic los ministros, y escuchen en directo a los ayatolás separatistas que cada día, al son de las campanadas, instan a los habitantes de esa localidad a no desviarse de la recta vía de la independencia. Vayan y flipen. A ver si así dejan de mirar para otro lado.