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Cristina Losada

"Solo sí es sí", el sinsentido y la consentida

La pretensión de definir el consentimiento para incrustar en la ley la consigna “Solo sí es sí” es puro y lerdo sinsentido.

Cristina Losada
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La pretensión de definir el consentimiento para incrustar en la ley la consigna “Solo sí es sí” es puro y lerdo sinsentido.
La ministra de Igualdad, Irene Montero. | EFE

Sobre las cabecillas del "Solo sí es sí" se acaba de volcar un jarro de agua fría. Fría como la lógica, fría como la racionalidad. Fría como el derecho. El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual, producto del ministerio de Irene Montero, expone lo que sabía cualquiera con dos dedos de frente. El Código Penal ya considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento, y tanto porque no exista como porque se trate de un consentimiento viciado. La pretensión de definir el consentimiento para incrustar en la ley la consigna "Solo sí es sí" es puro y lerdo sinsentido. El CGPJ no lo dice así, claro. Dice que es innecesario.

No era imprescindible ser un experto para saber que el acto sexual sin consentimiento es punible. Es así desde hace mucho, mucho tiempo. Sólo era imprescindible pensar. Fue el populismo, atizando las protestas por la sentencia de La Manada, quien predicó que no estaba en la ley, con claridad, el consentimiento. Fue el populismo teñido de morado podemita y de morado feminista quien hizo creer que existía tan pasmosa carencia a personas ya proclives a creer cualquier disparate. Y así llegamos a cómo la ministra Montero, a la que se le consienten estas patadas a la racionalidad y al derecho por ser quién es, garabatea un despropósito que altera las normas de la carga de la prueba y conducirá a que los interrogatorios versen sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento. 

Eso ha dicho el pleno del CGPJ, que, en modo pedagógico, explica que la cuestión problemática que plantea el consentimiento no es conceptual –qué es–, sino probatorio –si existe o no–. Es un informe aprobado por unanimidad. No por la mayoría conservadora: por unanimidad. De los tres ponentes del informe, dos son mujeres, y una de ellas, fundadora de la Asociación de Mujeres de Víctimas de Agresiones Sexuales. A pesar de ello o por ello, la consentida Montero y sus peones, como la delegada del Gobierno contra la Violencia de  Género, se lo van a pasar por el forro. Lo que han dicho que van a hacer, que viene a ser aprobar la ley como les salga de las narices, merece la crudeza en la expresión. 

Si fuera sólo ignorancia, pura y dura, aún tendría atenuante una conducta tan grosera. No es propio de miembros de un Gobierno, ni siquiera de partidos de la oposición –otra cosa son los macarras–, despachar un informe del Consejo con un corte de mangas como el que ha hecho, de facto, Montero. Podría haber dicho: lo estudiaremos y se verá, para salir del paso. Un mínimo. Pero ahí está la cosa. Montero y sus sectarias quieren, ante todo, dar la coz: que se vea, se note y se sienta que son ellas las que mandan, y que no hay otro poder en el Estado que pueda oponerse a sus caprichos. 

Dirán, ya lo dicen, que es la justicia patriarcal la que se manifiesta a través del informe, pero en el fondo lo suyo no es más que el "usted no sabe con quién está hablando". Las consentidas no soportan que les pongan los puntos sobre las íes. Van a desoír las advertencias del CGPJ sobre los efectos contraproducentes de su pretensión para las mujeres agredidas sexualmente. Sólo quieren, sí o sí, salirse con la suya.

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