Es público y notorio que el Gobierno de Rajoy ha hecho de la secesionista Administración autonómica catalana una privilegiada destinataria de los Fondos de Liquidez Autonómica desde el comienzo mismo de la legislatura. También es conocido el hecho de que, a pesar de este clamoroso trato de favor, la Generalidad de Cataluña, inmersa en un carísimo como ilegal "proceso de transición nacional", ha sido una de las comunidades que más claramente ha sobrepasado los límites de déficit público en 2012. Es público y notorio también que el Gobierno de Rajoy, lejos de responder poniendo en marcha los mecanismos de sanción e intervención que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha beneficiado a las comunidades incumplidoras con topes de déficit menos rigurosos para 2013.
Pues bien. A pesar de todos estos privilegiados tratos de favor –o más bien animado por ellos–, el presidente de la Generalidad acaba de anunciar que ni siquiera piensa respetar el tope de déficit del 1,58% del PIB regional fijado para la Administración autonómica catalana, por mucho que sea bastante más laxo que el 1,3% global que tendrán que cumplir las CCAA en 2013. No otra cosa implica el acuerdo de CiU y ERC de prorrogar este año los presupuestos de 2012, que cosecharon un déficit del 2,17%. Así mismo, Artur Mas ya ha adelantado que tampoco cumplirá los topes de déficit en 2014, salvo que ese año la Generalidad disponga de más recursos a cargo de la Administración central. Para colmo, el presidente catalán ha anunciado que piensa recurrir ante los tribunales el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó esos topes de déficit, topes que, en cualquier caso, piensa saltarse a la torera.
Artur Mas podrá justificar su negativa a reducir el diferencial entre lo que gasta y lo que ingresa con falsedades tales como la de que llevar a cabo recortes adicionales supondría "tocar hueso" y poner en peligro el Estado de Bienestar. Lo cierto, sin embargo, es que su negativa se debe, en primer lugar, al hecho de que su incumplimiento se lo consiente y se lo financia el Gobierno de Rajoy. Y, en segundo lugar, al hecho de que Mas prefiere, tal y como ya ha demostrado, subir impuestos antes que reducir gastos, y recortar en servicios sociales que reducir la muchísima grasa que anida en sus costosísimos delirios identitarios y de construcción nacional.
Por mucho que Mas la presente poco menos que como esquelética, lo cierto es que la Administración autonómica catalana es elefantiásica y responsable de una costosísima maraña de fundaciones, empresas públicas, canales de televisión, embajadas y un sinfín de diversos chiringuitos que sólo funcionan como redes clientelares al servicio del nacionalismo. El hecho de que el Gobierno de Rajoy no se atreva a denunciar este despilfarro y se dedique indirectamente a financiarlo no significa en modo alguno que no exista.
Asimismo, que la Administración central, a cargo de Rajoy, que ya lleva acumulado en el primer semestre del año un alarmante déficit que sobrepasa el 3,8%, no sea un ejemplo, precisamente, en la contención del déficit no justifica que Mas haga lo mismo. Lo único que evidencia este hecho es que Rajoy y Mas se retroalimentan, que la condescendencia de uno alimenta la osadía del otro, que la oposición de uno a la hora de cumplir la ley es equivalente a la renuencia del otro a la hora de hacerla cumplir. Y que esta descomposición de la nación entendida como Estado de Derecho es el abono perfecto para esos proyectos rupturistas que ansían la creación de un Estado propio.